Fiscal

La Justicia Europea avala la obligación de Airbnb y el resto de plataformas de alojamiento turistico de facilitar datos a Hacienda

  • Considera que es compatible con la libre prestación de servicios
Foto: EE

Es compatible una normativa que obliga a las plataformas de alojamiento turístico, como Airbnb, a facilitar información tributaria a Hacienda con la prohibición de restringir la libre circulación de servicios en la Unión, según determina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en sentencia de 27 de abril de 2022.

El ponente, el magistrado Nils Wah, el Tribunal de Justicia matiza que la obligación de facilitar determinada información sobre las transacciones de alojamiento turístico debe afectar a todos los prestadores de servicios de intermediación inmobiliaria, con independencia del lugar de establecimiento de estos prestadores y del modo en que presten esos servicios en la jurisdicción.

Así ocurre en la legislación española que obliga a las plataformas a facilitar infomación a la Agencia Tributaria.

Deduce de ello que este tipo de disposiciones no es discriminatorio, sino que se limita a obligar a los prestadores afectados a conservar los datos relativos a las transacciones de alojamiento turístico y a transmitirlos, previa solicitud de la Administración tributaria, a esta última a efectos de la recaudación de los impuestos correspondientes al alquiler de los alojamientos turísticos.

La sentencia aclara, asimismo que la Directiva sobre el comercio electrónico se adoptó sobre la base de disposiciones de los Tratados que excluyen de su ámbito de aplicación las normas fiscales, estando comprendida la adopción de esta últimas dentro del ámbito de otras disposiciones de dichos Tratados.

Nils Wah razona que una normativa que obliga a un operador a comunicar determinados datos relativos a los establecimientos de alojamiento turístico tiene carácter fiscal y, por tanto, está excluida del ámbito de aplicación de la Directiva sobre el comercio electrónico.

Cuota de mercado

Por lo que se refiere, en particular, a la alegación de que los servicios de intermediación inmobiliaria como los prestados por Airbnb corren el riesgo de verse más afectados por la Ley controvertida, el ponente observa que el hecho de verse más afectados "es únicamente el reflejo del mayor número de transacciones que esos intermediarios llevan a cabo y de su cuota de mercado respectiva".

También, recuerda que las medidas cuyo único efecto consiste en generar costes suplementarios para un servicio determinado y que afectan del mismo modo a la prestación de servicios con independencia del Estado miembro en el que esté establecido el prestador no obstaculizan la libre circulación de servicios.

A este respecto, explica el magistrado que aunque la obligación de todos los intermediarios de facilitar información a las autoridades fiscales, previa solicitud, sobre los datos del operador y los datos de contacto de los establecimientos de alojamiento turístico, así como sobre el número de pernoctaciones y unidades de alojamiento explotadas en el año anterior, puede acarrear costes adicionales, especialmente en el caso de los servicios de intermediación prestados por medios digitales, cabe señalar que los datos en cuestión son almacenados por intermediarios como Airbnb, por lo que, en cualquier caso, el coste adicional de esta obligación para estos intermediarios parece ser pequeño.

Por tanto, según concluye la sentencia, en la medida en que afecta a todos los prestadores de servicios de intermediación inmobiliaria, con independencia de su lugar de establecimiento y del modo en que realizan la intermediación, la disposición de que se trata de la Ley regional controvertida no es contraria a la libre prestación de servicios en la Unión.

Negocios transfronterizos

Airbnb Ireland es una sociedad irlandesa que, a través de un portal electrónico, pone, en particular, en contacto, a cambio de una remuneración, a potenciales arrendatarios con arrendadores profesionales o no profesionales que proponen servicios de alojamiento.

Con arreglo a una obligación prevista en una ley de la Región de Bruselas-Capital (Bélgica) relativa al impuesto sobre los establecimientos de alojamiento turístico, se instó a Airbnb Ireland a comunicar a la autoridad tributaria regional información sobre las transacciones turísticas realizadas en 2017.

Sin embargo, al considerar que la transmisión de esa información es contraria al Derecho de la Unión y, en particular, al principio de libre prestación de servicios, Airbnb Ireland interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional de Bélgica solicitando la anulación de la disposición de que se trata de la Ley regional controvertida que imponía esa obligación de comunicación.

El Tribunal Constitucional preguntaba al TJUE si esa disposición tal y como se aplica a los responsables de una plataforma electrónica de servicios de alojamiento constituye una disposición fiscal expresamente excluida del ámbito de aplicación de la Directiva 2000/31.

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