Las pensiones ya se llevan más de cuatro de cada 10 euros del Presupuesto. Y su financiación afronta muy exigentes retos en los próximos años. La pirámide poblacional envejecida, el aumento de la esperanza de vida, el comienzo de las jubilaciones de la generación del baby-boom allá por 2023 son, entre otros, factores que comprometen al alza el gasto en pensiones. De ahí que el Gobierno defienda el potencial de ingresos derivado de una mayor afluencia de mano de obra extranjera.
Por lo pronto, la Autoridad Fiscal Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya ha puesto negro sobre blanco el hecho de que el déficit de la Seguridad Social ha adquirido un carácter estructural (no dependiente del ciclo, la evolución del PIB o el empleo). Ese desajuste perenne se sitúa en un mínimo de 15.000 millones de euros anuales y significa que los ingresos son infusficientes para cubrir el gasto en pensiones.
Ello abocará de nuevo a que los Gobierno tiren de crédito para sufragar las pagas de los pensionistas, en tanto no se haya pactado y activado una nueva reforma del Sistema que transfiera gastos a la Administración Central, mejore la contributividad y alargue los periodos de cotización.
Ya en la prórroga presupuestaria que se activó el 1 de enero se proveen 15.000 millones de préstamo para sufragar las jubilaciones y evitar el agotamiento del Fondo de Reserva, creado en el año 2000 como un remanente para cubrir los desequilibrios futuros entre gastos e ingresos.
El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, explicaba hace semanas que las pensiones están garantizadas en la próxima década. Ello tranquiliza a corto plazo a los cotizantes y pensionistas, pero que supone una llamada de atención para aprovechar esos años en la reflexión, diagnóstico y adopción de medidas para apuntalar las pensiones. Esta tarea es crucial en cualquier política económica que se aborde, y ha de pasar, según los expertos consultados por elEconomista Pensiones, por el trance ineludible, ya transitado por otros países, de mejorar la información pública al cotizante.