La puesta de largo del proyecto de Presupuestos Generales del Estado ha dejado claro el peso que tienen las pensiones en las Cuentas públicas. Para 2019 está previsto que un 42,1 por ciento del desembolso en políticas sea para estas prestaciones, sumando 153.864 millones, un 6,2 por ciento más que en 2018. También son la partida más importante del gasto social, con mucha diferencia.
El incremento va destinado entre otras cuestiones a pagar la revalorización de al menos el 1,6 por ciento de las pensiones, mientras que las mínimas y no contributivas subirán un 3 por ciento, lo que supone "la mayor alza de la historia". La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. describió esta subida presupuestaria como "la mayor de la historia", e indicó que, además del préstamo habitual que hace el Estado a la Seguridad Social para la sostenibilidad del sistema de pensiones -que em 2018 fue de 15.000 millones-, también habrá una transferencia adicional del Estado por valor de 850 millones.
Esta transferencia se ha debido al ajuste de los Presupuestos al objetivo de déficit del PIB del 1,3 por ciento, lo cual ha provocado un descenso de los fondos disponibles para la Seguridad Social de 2.500 millones. Montero explicó que esta adaptación -que suponía un descenso de cinco décimas- se ha realizado con un recorte de las partidas de inversión y a ingresos adicionales no previstos inicialmente, como el aumento de la base máxima de cotización a la Seguridad Social y la de los autónomos, entre otras medidas. Por otro lado, y de cara al futuro, Montero dejó claro que el Gobierno aprovechará 2019 para poner las primeras piedras para asumir competencias de la Seguridad Social, para que no sean necesarios los trasvases económicos. "Las cuentas de la Seguridad Social probablemente tendrán menos competencia en algunas materias para que sea el Estado la que las financie", precisó la propia Montero.
Medidas sociales
Como confirmó Montero, los Presupuestos incluyen medidas aprobadas por real decreto ley como la subida salarial de los funcionarios del 2,25 por ciento.
También quedó confimada la supresión del copago farmacéutico, el aumento de las becas para estudio y ayudas para material escolar en etapas obligatorias -con 536 millones- y un aumento del 40 por ciento de la dotación de Dependencia -515 millones- y del Plan de Eficiencia Energética de Hogares Vulnerables -400 millones-. Otras medidas que quedarán aprobadas junto a los Presupuestos son la recuperación del subsidio para mayores de 52 años -a pesar de que Unidos Podemos había dicho este jueves que no estaba en los documentos que les había entregado el Ministerio de Hacienda-, la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores -con un coste de 315 millones- y el aumento del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas. Además, las ayudas a familias para combatir la pobreza aumentan en 321 millones, con el objetivo de reducir la pobreza un 12 por ciento.
