Un resumen de la estrategia del Gobierno de Sánchez es que deja la política territorial en manos de Torra y Puigdemont y la política económica en manos de Pablo Iglesias. Eso supone, en el caso de la política económica, un conjunto interminable de subidas de impuestos. Así, Sánchez prometió, o amenazó, como ustedes prefieran, con subir múltiples impuestos: el IRPF "para las rentas altas", el diésel para casi 18 millones de conductores (que no todos son de rentas altas precisamente), las cotizaciones de los autónomos, las cotizaciones sociales para los empleados que ganen más de 45.000 euros, el impuesto a la banca, la subida del impuesto de sociedades a muchas empresas, el nuevo impuesto a las transacciones financieras (tasa Tobin) y la novedad mundial del impuesto a las multinacionales tecnológicas...
En realidad, ésta no es una política fiscal que tenga por objeto recaudar más dinero, sino una política de castigo a los malos, lo que podríamos denominar los impuestos expiatorios de Pedro y Pablo. Así, se pretende castigar a los ricos, por ganar mucho dinero, subiéndoles el IRPF y las cotizaciones sociales. Naturalmente, usted puede pensar que ganar 45.000 euros no es ser rico, o no lo es suficientemente para que a uno le suban las cotizaciones sociales. Pero usted no decide la política fiscal de castigo, porque para eso se hace una moción de censura y luego se miente, no se convocan elecciones y se huye de las urnas todo lo que se puede.
Sánchez e Iglesias también querían castigar a la banca subiéndole el impuesto de sociedades. Aunque al final no consiguieron que el Congreso aprobase los diez puntos de subida hasta el 40%, Sánchez consiguió que el impuesto a las hipotecas lo pagasen los bancos vía decreto ley, un método que desde Ciudadanos denunciamos que no era la mejor forma de hacerlo, y, además, pagasen el mismo impuesto de beneficios que si no tuviesen que pagar el impuesto a las hipotecas, y que en consecuencia, pagasen más impuesto de sociedades ganando menos, o incluso perdiendo, lo que es simplemente aberrante.
Por otra parte, Sánchez e Iglesias también quisieron castigar fiscalmente a las grandes empresas: para ello, fijaron un tipo mínimo del 15% para las "malvadas corporaciones", que facturasen más de 20 millones de euros al año (esto en el resto de Europa son empresas medianas), y un 18% si los afectados eran, además, bancos. En un primer momento, Iglesias y Sánchez estaban empeñados en que se aplicase sobre el resultado contable, para gravar el beneficio de las grandes empresas en el exterior. Cuando cayeron en la cuenta de que esto violaba un centenar de convenios internacionales, denominados convenios para evitar la doble imposición -porque estos beneficios ya pagaban en otro país-, el plan siguió adelante. Lo sé porque se lo dije yo en el Congreso a la ministra de Hacienda.
El argumento definitivo fue que, si eso era así, las multinacionales no traerían de vuelta el dinero a España: esto cegaba una fuente de liquidez de la economía española y no se recaudaba nada. Finalmente, la nueva propuesta es establecer un tipo mínimo del 15% pero sobre la base imponible. Como ya existen límites, más exigentes, en la ley del impuesto de sociedades vigente para el ejercicio de las deducciones, esta propuesta ha sido muy bien aceptada por las empresas.
Si usted se compró un coche, o una furgoneta, diésel, entonces también debe ser castigado. Para las alcaldesas del cambio, como Manuela Carmena, esto puede dar lugar, incluso, a dejarle sin circular, pero a Sánchez e Iglesias, de momento, y hasta 2040, les vale con que expíen sus culpas pagando hasta 12 euros más cada vez que llenen el depósito.
Obviamente, en una política expiatoria de castigo quiénes no podían faltar son los especuladores financieros. En consecuencia, se preparó un anteproyecto creando una tasa a las transacciones financieras. El principal problema de este tipo de política es que los afectados huyan. Esto ocurre cuando al que se pretende castigar, perdón, gravar o cobrar impuestos, es un factor que tiene gran movilidad. El caso de las operaciones y operadores financieros es paradigmático. Por ejemplo, Suecia impuso esta tasa en los años 80 y vio como las operaciones en la Bolsa de Estocolmo se trasladaban masivamente a Londres. Suecia no ha recuperado ese mercado bursátil. Y pensemos que la capacidad de deslocalización de las operaciones financieras es muy superior ahora que hace cuarenta años.
Por último, tenemos el impuesto a las "malvadas" multinacionales tecnológicas, que apenas pagan impuestos sobre sus beneficios, al menos en España y en general en Europa. Esto es un problema global de la fiscalidad internacional, que se pretende resolver en España. Lo que resulta sorprendente es que se fije un impuesto indirecto del 3% y se pretenda que no lo paguen los clientes sino gravar con eso el beneficio de la multinacional. Aún más insólito es que se defina como hecho imponible (el hecho que determina que hay que pagar el impuesto) la "transmisión de datos". Yo no sé determinar con precisión qué incluye esto, y qué no. Lo peor es que tampoco conozco a nadie que lo sepa...
De momento, el efecto directo del anuncio del impuesto a las multinacionales digitales es que Google ha decidido que una inversión que probablemente iría a Madrid se vaya a realizar en Portugal, con una pérdida de 1.300 empleos directos.
En realidad, la moraleja de toda esta política fiscal expiatoria es esa: de momento, la recaudación de todas estas medidas es cero, pero ya hay efectos económicos indeseables: pérdida de crecimiento, inversiones y empleo. Por eso, desde Ciudadanos nos hemos opuesto a esta retahíla interminable de nuevos impuestos, y nos opondremos, con todos los medios parlamentarios a nuestro alcance, a unos presupuestos que consagran más impuestos, ahora y en el futuro, más gasto superfluo y más deuda. Los españoles no se merecen esta política fiscal expiatoria y de castigo: no es la política que España necesita y no es la política que han votado. Lo que los españoles se merecen son unas urnas para poder elegir el gobierno y la política que quieren. Los españoles no se merecen más castigos fiscales, ni más premios y concesiones a los que quieren romper España. Simplemente, los españoles se merecen Democracia.
Feliz año 2019 a todos los lectores de elEconomista.
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