En un momento en el que la economía española siente el frío de la desaceleración, hemos conocido los pactos en materia de presupuestos generales que Sánchez e Iglesias han acordado. Son puntos que deberán plasmarse en un borrador de presupuestos para su aprobación, una aprobación que depende, además, de otros partidos políticos. Surge una cuestión en materia de aprobación.
Como saben, las instituciones vascas tienen competencia legislativa en los impuestos de los sujetos pasivos residentes en aquella economía, básicamente IPRF e IS. La pregunta es, teniendo en cuenta esta competencia fiscal ¿Pueden votar a favor de una subida de impuestos para el resto de ciudadanos españoles los representantes en el Congreso de PNV, Bildu, así como los diputados del restos de partidos elegidos en las tres diputaciones vascas? Los representantes políticos del resto de los españoles que no estemos domiciliados en en el País Vasco no lo pueden hacer, puesto que sus presupuestos son aprobados por el parlamento vasco.
Hecha esta duda, nada baladí ya que en la aritmética para la aprobación juegan un factor determinante PNV y Bildu, mi sensación es que vamos a disparar el déficit público. La cuantificación va por encima de los 6.500 millones de incremento de gasto. Este incremento del gasto pone además en riesgo, y de forma considerable, aspectos como las pensiones. La idea de actualizar las pensiones al IPC sin tener en cuenta aspectos demográficos como el efecto de envejecimiento, el número de cotizantes o nivel de actividad, es muy grave. Estos presupuestos así como la reversión de las medidas tomadas para el mantenimiento de la salud de las pensiones son hechos muy graves que ya veremos dónde nos llevan.
Además, los puntos del acuerdo contienen toda una serie de estupideces dignas de enmarcar. Una de ellas las encontramos en las medidas a adoptar en materia de Sicavs. PSOE y Podemos acuerdan "otorgar a los órganos de inspección de la Agencia Tributaria la competencia para declarar a efectos exclusivamente tributarios el incumplimiento de los requisitos establecidos para las sicav en la normativa financiera". ¿Quieren decirme que en estos momentos la Agencia Tributaria no tiene esa competencia? ¿Acaso la Agencia Tributaria no esta inspeccionando y mirando con lupa la tributación de estas sociedades, así como la que realizan sus accionistas? ¿Es que no se han llevado a cabo medidas para tapar los agujeros existentes en normativas anteriores como es, por ejemplo, la disminución del nominal de las acciones? Cuando uno lee esto solo le queda una apreciación, no tienen ni idea de lo que están hablando ni diciendo.
Los acuerdos son populistas, electoralistas, puro fuego de artificio cargado de demagogia infumable. Se advierte todo ello en medidas como la de contemplar nuevos tramos para rentas elevadas, tanto en la base imponible general, como en la base imponible del ahorro. Esta medida, como el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, ha comunicado, afecta a un muy reducido grupo de sujetos pasivos. El sindicato lo cifra en unas 91.000 personas, aproximadamente el 0,5% de los contribuyentes. Una absoluta nimiedad y que no resuelve el problema de base de nuestro IRPF tantas veces manifestadas una y otra vez que es las exenciones, bonificaciones, gastos y deducciones existentes que agujerean la base imponible. Esta es la razón de que la recaudación de este impuesto en España esté por debajo de la OCDE, concretamente 8,4% sobre el PIB de estos países y un 7,2% en el caso español.
Los acuerdos también ponen de manifiestoque el Gobierno no tiene un modelo de estado en su cabeza, su modelo sería el de la veleta: me muevo en función de la dirección del viento. El presidente de la mayor Socimi de España, Merlyn Propierties, había recibido el mensaje de Sánchez de no mover la fiscalidad de estas sociedades y, sin embargo, ahora parece que quieren modificarlo. Cuando un gobierno genera incertidumbre el país se resiente, los inversores huyen espantados. Una vez más Pedro Sánchez lo consigue y, fiel a su estilo, provoca con sus indefiniciones cambios de opinión y seguidismo de las medidas de Podemos. Una incertidumbre absoluta, seguimos sin saber cuál es la posición de este Gobierno, más allá de la improvisación constante.
En cuanto a las medidas sobre el gasto, ambos partidos, que siempre hablan de regeneración y una nueva forma de hacer las cosas, continúan hablando y no actuando. Uno lee las medidas de gasto y no hay un solo acuerdo en materia de eficiencia del gasto público. Lejos, como hay políticos que dicen que no hay forma de medir la eficiencia, hay que recordar que desde hace mucho los economistas hemos ido estableciendo una serie de criterios para ver esta eficiencia. Evidentemente ellos no lo quieren llevar a cabo, pues de esta forma no vemos como sus actuaciones llevan a dilapidar cantidades ingentes de dinero público. Ya sabemos que la vicepresidenta Carmen Calvo dijo aquello de: "Estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie". Ahí tenemos los acuerdos pactados en materia de educación, no hay una solo mención a la necesidad de mejorar un penoso sistema educativo.
Los acuerdos son un monumento supremo al populismo, al clientelismo electoral reinante en estos momentos. Unos acuerdos que llegan en unos momentos en los que la economía se desacelera y en los que no es descabellado pensar en una posible recesión para el año 2020.
