No habrá solicitud del gobierno al Senado para la aplicación de nuevo del artículo 155 de la Constitución, por mucho que PP y Ciudadanos empiecen a pedirlo. No ocurrirá mientras Pedro Sánchez sea presidente, como no habrá elecciones generales hasta el verano de 2020. Sobre esto último siguen difundiéndose noticias, valoraciones e impresiones generales, que no aciertan a desenmascarar el verdadero motivo del cambio de gobierno. Sobre lo primero, nada hay más lejos en la línea política y la decisión del presidente y su equipo respecto a Cataluña y a los constantes desplantes y provocaciones que llegan desde el gobierno regional catalán.
Las pruebas de ese ataque son muchas, pero la intención oficial no pasará nunca en lo que resta de legislatura por solicitar al Senado la aprobación de medidas de respuesta. Sánchez y Calvo consideran que no hay hechos jurídicos que obliguen a dar un paso que no darían nunca, porque antes incluso disolverían las Cortes dejando nuestro segundo análisis fuera de lugar. Pero entre los hechos está el regusto amargo que ha dejado la utilización cantada y la politización de los actos del aniversario de los atentados terroristas del 17A. Culminado todo con la frase desafiante, prebélica, profundamente preocupante del president Torra defendiendo un ataque contra el Estado.
Algo que nos ha remontado a décadas atrás, décadas nefastas para la convivencia en España. ¿Qué clase de ataque está aludiendo el jefe del gobierno autonómico?. ¿Con qué armas?. ¿Contra qué parte exactamente del Estado?. El desasosiego cunde, porque la respuesta ha estado además a una altura bajísima, al considerar el gobierno que una frase no ataca al Estado por muy inaceptable que sea. Así colocamos el listón del respeto a nuestras instituciones democráticas a la altura del talón, vicepresidenta.
Estos días todo se narcotiza: mediados de agosto, vacaciones, menos consumo de prensa y de noticieros. Pero los hechos lamentables lo son pese a que pocos se enteren de que tienen lugar. Una fiscal que defiende que es lo mismo poner símbolos que incitan al odio que retirarlos. Ciudadanos que son identificados por las fuerzas del orden por poner banderas de su país en su propio país, un delito que alguien explicará si está en el Código Penal o en la ordenanza callejera, salvo que se considere la enseña nacional un elemento que se dispone para provocar odio. Y lo peor: ataques al Jefe del Estado impulsados desde plataformas regadas con fondos públicos durante años, precisamente en los días en que se recuerda a aquellos que se dejaron la vida en unas acciones terroristas que hay que evitar por todos los medios y entre todos que vuelvan a producirse.
Todo es un atropello en este verano narcotizado de 2018, en el que los españoles duermen plácidamente la siesta como si nada grave hubiera ocurrido. El estío del cambio político ha jubilado a la primavera de la ira, en la que una vez más se plasmó la máxima de que una parte del país no tiene derecho a posicionarse en la vida pública porque ese derecho es exclusivo de la otra parte.
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