Diversos juristas han advertido en las últimas horas del "difícil" encaje en la Ley de Seguridad Ciudadana de la retirada de lazos amarillos en lugares públicos de Cataluña,a raíz del anuncio por parte de la Generalitat de Cataluña de que podrían aplicarse sanciones de hasta 30.000 euros amparadas en dicha norma a quienes realicen estas actuaciones.
El portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (FdV), Raimundo Prado, ha señalado que esta organización no tiene una opinión al respecto, aunque con carácter general y dada su condición de juez de los contencioso-administrativo pone en duda la aplicación de la denominada "Ley Mordaza" a este tipo de situaciones.
La cuestión es que se pretende aplicar dicha norma en base a un artículo muy genérico de la Ley de Seguridad que habla de la posibilidad d sancionar daños al dominio público.
"Si para quitar un lazo amarillo se utilizara una radial o algo similar, que pudiera dañar un elemento de la vía pública si se estaría incurriendo lo que dice la norma, pero ello no es de aplicación a lo que simplemente es retirar un lazo del color que sea", ha indicado Prado, que se pregunta si no se podría decir lo mismo de la colocación de estos elementos, que simbolizan la solidaridad del movimiento independentista con los presos de la causa por el 'procés' que se sustancia en el Tribunal Supremo.
Prado también se pregunta si para poner una silla en la calle se precisa una concesión administrativa la situación no debe ser similar para el caso de colocar lazos amarillos en lugares de dominio público. "No es tanto que lo quite o que lo ponga, y aunque utilización de la norma puede ser abusiva, también debe decirse que una sanción de este tipo puede ser recurrida en los tribunales por la vía contencioso-administrativa".
La Fiscalía no ve delito
La propia fiscal general del Estado, María José Segarra, no cree que haya "delito alguno ni en quitar ni en poner" lazos amarillos a favor del independentismo catalán ya que, a su juicio, es algo que "forma parte de la libertad de expresión", aunque no se pronuncia sobre la posibilidad de que a las personas que lo hagan puedan aplicárseles la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que no es de su competencia sino del Gobierno de Cataluña.
"No me toca responder sobre su aplicación. Son las autoridades gubernativas catalanas las que tomarán las decisiones, seguramente, más oportunas", ha señalado Segarra al ser cuestionada este lunes en Santander por la polémica que se está generando en relación a las responsabilidades a las que podrían enfrentarse las personas que en Cataluña se dedican a colocar o retirar estos lazos amarillos de lugares públicos y si sería susceptible de aplicarse la Ley de Seguridad Ciudadana tal y como parece plantearse la Generalitat para aquellos que las quitan.
Por otra parte, Segarra tampoco ve "ninguna relevancia" penal en la retirada por parte de supuestos agentes del orden de símbolos, pancartas o banderas antimonárquicos que se habían colocado con motivo de la participación de los Reyes en el homenaje en Barcelona a las víctimas de los atentados terroristas del pasado verano en Las Ramblas y Cambrils.
