El Congreso de los Diputados suma esta semana ya dos debates sumamente inconvenientes en los que se han escenificado diferencias políticas en temas en que la búsqueda de consenso es transcendental. Las pensiones, ese sistema que es patrimonio de todos, llevadas a un pleno monográfico con ataques políticos sobrevolando el hemiciclo de forma constante. Y las condenas por crímenes de especial gravedad, en la misma semana en que ha aparecido el cuerpo sin vida de un pequeño asesinado de la forma más cruel. Mayor inconveniencia es imposible imaginarla.
Lo prudente en relación a este último asunto, que ha supuesto una votación y un debate en carne viva en el Congreso, habría sido evitar que llegara al pleno, retirar la iniciativa que fuera necesario para que no se diera la sensación de pugna política y partidista con un asunto en el que tres millones de personas ya han estampado sus firmas a favor de algo muy concreto. Los nervios a flor de piel han estado presentes en las intervenciones de los grupos parlamentarios, demostrando una vez más que en esta etapa de nuestra vida pública lo importante es el titular, la foto y la ventaja, y no el interés general de los ciudadanos.
La solución era de libro. Hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre el recurso presentado contra la figura de la prisión permanente, introducida en 2015 en nuestro ordenamiento jurídico a través de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, los partidos podrían haber explicado a la opinión pública que el debate sobre su derogación quedaba aplazado. Era así de sencillo. Pero la propuesta de derogación sigue adelante, ante la mirada triste y decepcionada de los padres de Diana, Mariluz, Marta, Sandra y Yeremi, que nos son de ningún partido ni quieren voto alguno en ningunas elecciones.
El argumento de nueva aparición en el que han coincidido los grupos que defienden eliminar de nuestro Código Penal esta figura punitiva merece un análisis. Desde que lleva en vigor, la prisión permanente revisable no ha podido evitar los crímenes de menores como Diana Quer o el recordado Gabriel Cruz. Por tanto, procedamos a su derogación. Suponemos que tras ésta vendrán las derogaciones de la Ley Integral contra la Violencia de Género, que no evita los asesinatos de mujeres ni los malos tratos, e incluso del Código de Circulación, que no es capaz de evitar los accidentes de tráfico con víctimas. No es ese el motivo, el real es mucho más profundo y obedece a posiciones ideológicas que la mayoría de los españoles tienen ya superadas.
El rechazo de las enmiendas que PP y Ciudadanos habían presentado a la propuesta de derogación permite por tanto que siga adelante la iniciativa, aunque difícilmente la veremos aprobada en breve plazo. Varias formaciones políticas estaban deseando que pasara el mal trago de hoy porque muchos de sus votantes y simpatizantes no entienden que se rechace de esta forma el endurecimiento de las penas a quienes cometen delitos tan horrorosos. Han pasado ya el sofoco de escuchar la comparecencia en la sala de prensa del Congreso de los padres y familiares de víctimas de asesinatos horribles, gente sin siglas ni intereses inconfesables.
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