El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aboga por gravar al sector financiero con dos nuevos impuestos, cuyos ingresos servirían para paliar la difícil situación del sistema de pensiones. El primero de ellos recaería sobre las transacciones, mientras que el segundo sería un tributo extraordinario, del 8%, que asumirían los bancos.
El líder socialista recupera así la idea de crear impuestos finalistas para las pensiones, que plasmó en sus programas electorales de 2015 y 2016. Ahora bien, entonces hablaba de gravar a las "rentas altas". Por el contrario, en la actualidad, toma una posición cercana a Podemos y prefiere concentrar todas las cargas en el sector financiero, para compensar a los españoles por el rescate bancario que pagaron "con el sudor de su frente".
Es difícil comprender cómo Sánchez va a lograr esa compensación. Si los nuevos impuestos se aplicaran, es previsible, y plenamente justificable, que los bancos tuvieran que repercutir los gastos extra sobre sus clientes. Pero aún más complicado resulta entender qué beneficio puede obtener ningún agente económico del hondo perjuicio que sufriría en España un sector tan importante como el financiero. No en vano los bancos españoles verían minada su competitividad frente a los rivales de otros países del euro, en los que no rigen tributaciones de este tipo.
Si el verdadero propósito de Sánchez es salvar el sistema de pensiones, debería convencerse de que crear nuevos impuestos constituye una grave equivocación. El camino para elevar los ingresos de la Seguridad Social debe pasar por medidas que permiten a nuestro mercado laboral incrementar la creación de puestos de trabajo y potenciar su productividad.