Celebramos el 1 de Mayo en un momento en el que el Producto Interior Bruto (PIB) de España crece a ritmos del 3 por ciento, las empresas generan cada vez más beneficios, reparten más dividendos y suben los salarios de sus directivos. Esta es una realidad.
Pero hay otra realidad. Hace tan sólo unos días, el Instituto Nacional de Estadística hacía pública la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de este año, que indica que uno de cada cinco españoles en edad de trabajar no puede hacerlo, que la mitad de los jóvenes está en el desempleo, que la mitad de los parados no cobra ningún tipo de prestación, en el que 700.000 familias no tienen ningún tipo de ingreso, en el que 1.400.000 hogares tienen a todos sus miembros en paro.
Celebramos el día internacional de los trabajadores en un país en el que uno de cada cuatro españoles está en riesgo de pobreza, en el que uno de cada tres asalariados cobra al año menos del SMI y en el que 3,6 millones de españoles vive con menos de la mitad del salario mínimo, en el que año a año los salarios han perdido valor y en el que tener un trabajo ya no es sinónimo de no ser pobre, de vivir dignamente.
Un país en el que las mujeres de media tendrían que trabajar dos meses más al año para poder cobrar lo mismo que sus compañeros hombres de la misma categoría laboral. Un Estado en el que los trabajadores tienen derechos diferentes en función de si su contrato es temporal o indefinido. Un país en el que el currículum académico ya no te garantiza el acceso a estudios universitarios salvo que tu familia tenga dinero para costearlos.
Es un Estado en el que la justicia ya no es igual para todos, porque quien tenga dinero podrá costear las tasas judiciales mientras que otros que no lo tienen no lo podrán hacer.
Vivienda, un lujo
Un país en el que el derecho a la vivienda no sólo no está garantizado, sino que hoy por hoy es un lujo alcance de unos pocos mientras se siguen expulsando a familias de sus casas al no poder afrontar el pago de sus hipotecas y todavía se les condena a seguir pagando la deuda. Un país en el que es más fácil rescatar autopistas que a personas, como demuestra que, desde el 1 de enero, los casi 9,5 millones de pensionistas han visto incrementadas sus rentas de jubilación un 0,25 por ciento (el mínimo fijado por la ley de pensiones aprobada unilateralmente en 2013 por el Gobierno del Partido Popular desde su entonces mayoría absoluta).
Tras este escalofriante incremento, la pensión máxima de jubilación llegará a 2.567 euros (solo la cobran 232.643 pensionistas) al mes y la mínima a 636 euros mensuales, mientras que la pensión más habitual será de 650 euros al mes. Los pensionistas tampoco tendrán la paga para compensar la desviación del IPC, porque la ley del Partido Popular no prevé la compensación por la desviación de precios, mientras la inflación de enero y febrero fue del 3 por ciento y del 2,4 por ciento en marzo.
Un país en el que los fiscales piden 7 años de cárcel para dos sindicalistas por participar en un piquete informativo en una huelga general y 300 sindicalistas siguen encausados por motivos similares, mientras vemos en los medios de comunicación casos de corrupción, fraude, elusión y evasión fiscal, y a la vez que se sigue sin dar una segunda oportunidad a miles de familias que sucumbieron a la crisis. ¿Qué demuestra esto? Que estamos viviendo una recuperación económica que acrecienta las desigualdades, que es precaria, machista y que está pasando de los jóvenes. Ante esto no podemos permanecer impasibles, no podemos conformarnos.
No hay excusas (como dice nuestro eslogan de este Primero de Mayo) para que no puedan crecer los salarios, el SMI, el Iprem y las pensiones por encima del IPC y que las rentas del trabajo recuperen poder adquisitivo; para no hacer un plan de choque para el empleo; para no ampliar las coberturas a los parados y la protección social; para no aprobar una Ley de Ingresos Mínimos; para no asegurar el presente y futuro de las pensiones; para no promover la igualdad y luchar contra la discriminación y medidas contra la violencia machista; para no impulsar un cambio de modelo productivo basado en la industria, para no realizar una reforma fiscal integral, para no explicar y debatir el tratado de libre comercio con Canadá, más conocido como CETA, y aprobarlo a espaldas de los ciudadanos... En definitiva, no hay excusas para no rescatar a las personas.
Por todos estos motivos, por todas estas razones, desde UGT llamamos a los trabajadores y trabajadoras a que acudan a las calles a protestar por esta situación y a decir con claridad que es tiempo de recuperar derechos.
