La tasa de paro del primer trimestre (EPA) se situó en el 21%. Corrigiendo la estacionalidad, el número de parados se redujo un 2,74%, y la ocupación aumentó en casi 160.000. Si añadimos que el PIB aumentó en el primer trimestre un 0,8% sobre el anterior, parece que la economía no ha llegado aún a acusar ni la incertidumbre política ni el empeoramiento global. Esta evolución se ha visto relativamente respaldada por los datos mensuales de afiliaciones. La otra cara es que los contratos indefinidos apenas representan el 10% (9,46% en abril); sigue aumentando más el empleo temporal y a tiempo parcial que el completo a tiempo indefinido.
Más allá de la coyuntura, el desempleo sigue siendo el mayor drama económico desde hace décadas, pese a más de 50 reformas laborales adoptadas desde 1980. Para cualquier país, un 21% de paro sería inaceptable, y algunos estadísticos lo niegan: con la economía sumergida (estimaciones la sitúan entre el 18,5-22% del PIB) puede que la tasa de paro descendiera al 15%. Pero nuestra tasa de actividad es la más baja de los grandes países europeos. Si fuera parecida, aun añadiendo la economía sumergida, el paro sería aún más elevado.
Es obvio que esta situación no es un "accidente". Tiene sus raíces en erróneas y/o torpes decisiones de sucesivos gobiernos, y la solución vendrá de lo que se haga y de que se acierte o no en futuros gobiernos. Porque conviene recordar que pasamos de tener en los sesenta una tasa de paro inferior a la media de la OCDE, a ser el valor más alto desde los ochenta, a partir de la "reconversión" industrial. Es un problema ya crónico que ningún país del entorno lo padece en esta magnitud, salvo excepcionalmente Grecia. En 2015 seis de nuestras regiones están entre las diez con mayores tasas de desempleo de la UE. Las cuatro restantes están en Grecia (Eurostat, 28 de abril). Hemos contado en los últimos dos años con factores externos comunes al resto de Europa (reducción del precio del petróleo, depreciación del euro y estímulos del BCE), que son coyunturales. El último informe del FMI (WEO, abril) alerta ya sobre un estancamiento estructural de la eurozona; el problema que ve en España es el largo plazo. La tasa de paro estaría en el 16% en 2021. El Gobierno, más "optimista", prevé que no bajará del 15% hasta 2019.
El empleo creado ha sido en sectores de mano de obra intensiva, ayudado en parte por la reducción (significativa durante la crisis) de costes laborales unitarios y la mayor flexibilidad laboral, pero se puede ir agotando. Cada vez será más complicado ganar competitividad vía precios, lo que afectará a las exportaciones, otro pilar del crecimiento.
Hemos pasado, en definitiva, décadas conviviendo con el problema, tratando de hacerlo "soportable" con subsidios y ayudas prometidas por los partidos políticos, en lugar de combatirlo abordando sus causas. El Gobierno en funciones (y otras instituciones) evalúa positivamente la reforma laboral, incidiendo en los empleos adicionales que se hubieran destruido de no haberse aplicado. El problema es que además del descenso de activos producido, solo una décima parte de los nuevos contratos son indefinidos. No se ha erradicado la acusada dualidad (asociada a la temporalidad) en la que lleva inmersa la economía desde décadas, ni se ha avanzado en políticas activas de empleo. Se prorrogan los llamados "Programas de Activación de Empleo", que consisten en prorrogar ayudas económicas a parados de larga duración. Nada de cambios, solo "reformas" en la misma dirección.
Como todos los grandes problemas, las soluciones no son cortoplacistas: no es la falta de flexibilidad, que la hay, incluso en exceso según informes solventes (OCDE), sino el deficiente modelo económico y educativo, que incide en la bajísima productividad comparada y (en menor medida) el ineficaz servicio estatal de empleo las causas de la incapacidad para bajar sostenidamente el intolerable paro estructural (ajeno al ciclo económico), el exceso de contratos temporales y el elevado peso del desempleo juvenil y de larga duración. Origen a su vez de graves problemas como la sostenibilidad de las pensiones, los déficit (general y de la Seguridad Social) y la preocupante situación demográfica. Temas estrechamente interrelacionados que apenas se tratan como tales en los debates de los partidos, con objetivos cortoplacistas. Quizás temiendo estos un alto coste político. Se equivocan.
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