El acuerdo firmado semanas atrás entre PSOE y Ciudadanos reconoce el problema de sostenibilidad del actual sistema de pensiones, y defiende la recuperación del Pacto de Toledo. La prioridad para ambas formaciones es garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, y para ello abogan por articular el modelo de financiación del sistema con ingresos procedentes del sistema tributario. Otras medidas propuestas son: cotizar a la Seguridad Social por los ingresos realmente obtenidos, mejorar las pensiones de las madres y padres en función del número de hijos e introducir un nuevo fondo (mochila austríaca) que se recibiría en caso de despido o jubilación.
Efectivamente, tenemos un problema de sostenibilidad que es necesario afrontar y gestionar. En el acuerdo no se habla de recortes de prestaciones, pero sí de incrementar las fuentes de financiación vía impuestos, aunque no se dan detalles de los mismos, y establecer mayores cotizaciones al sistema al tener que hacerlo por los ingresos realmente percibidos. Por otra parte, tampoco se menciona el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que también requiere una revisión profunda. Según el último estudio de Willis Towers Watson, si no se hacen reformas por el lado de los ingresos, gastos e inversiones, éste se podría agotar en 2020, lo que conllevaría un incremento de los impuestos y/o una reducción de las pensiones. Sobre esto, el pacto no se pronuncia.
Lo cierto es que las pensiones públicas suelen utilizarse como arma electoral. El Gobierno, sea del color que sea, siempre defiende que el sistema está garantizado, pero cuando pasa a la oposición cambia de discurso y automáticamente declara que es insostenible. Estos cambios de parecer no son aceptables y restan credibilidad al político de turno.
En el pacto tampoco se explican los detalles de cómo "garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas". Parece más un guiño electoral, ya que si analizamos los dos últimos años en los que la inflación ha sido negativa, ¿se tendrían que deflactar (reducir) las pensiones? Recordemos que el actual Gobierno del PP, en aplicación del Índice de Revaloración de Pensiones, ha incrementado las pensiones un 0,25%. Si la economía ya no está tan referenciada a la inflación, parece razonable admitir que las pensiones tampoco deberían evolucionar únicamente en función de la inflación.
Cotizar por los ingresos reales significa que la base máxima de cotización a la Seguridad Social se elimina y que las empresas, los empleados o ambos, según se regule, tendrán que soportar un coste adicional. Por otra parte, no se explica si esta medida implicará también un incremento similar en la pensión máxima de la Seguridad Social, ya que si no se produjese, las cotizaciones adicionales no generarían prestaciones superiores y no se reforzaría la contributividad que estipulaba el Pacto de Toledo. Esta medida, desde un punto de vista técnico, podría tener sentido si se incrementaran también las pensiones máximas.
En cuanto a la mejora de las pensiones en función del número de hijos, si lo que se pretende es incentivar la natalidad, no parece ésta la mejor manera de hacerlo, ya que la principal ayuda debería ser inmediata; es decir, cuando acaba de nacer el niño y no cuando la madre o el padre tienen 65 años.
Quizás lo más novedoso es la medida conocida popularmente como la mochila austríaca, que pretende ir financiando una parte de la indemnización (8 días por año de antigüedad) ante un potencial despido futuro por parte de la empresa. En el caso de que éste no se produjera, el fondo lo cobraría el empleado al jubilarse. La idea es buena, siempre que se otorgue máxima seguridad al empleado de que ese fondo se aplicará sólo para ese fin, y para ello debería ser un fondo o seguro externo e independiente del balance de la compañía, es decir, una especie de seguro de jubilación que se podría cobrar de forma anticipada en caso de despido. Sería un coste adicional para las empresas que irían periodificando año a año y realmente muchas compañías ya tienen que desembolsar cuantías superiores por los despidos, los ERE o las prejubilaciones.
En definitiva, desde un análisis estrictamente técnico, eliminando cualquier sesgo ideológico, es pertinente reconocer que estas propuestas parecen estar bien orientadas. Cierto es que todo dependerá de la letra pequeña final, pero realmente el pacto incide en tres de los grandes problemas que tenemos en España: desempleo, desigualdad y pensiones.
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