Preferentes, subordinadas, convertibles, convertibles obligatoriamente convertibles (CoCo?s), swaps de tipos de interés, clausulas suelo y techo, collars, hipotecas multidivisas, estructurados, garantizados, reverse convertible, derivados financieros, contratos financieros atípicos (CFA).... son tan solo una larga lista de productos comercializados por las entidades de crédito en nuestro país en los últimos años. Productos estos que han generado un revuelo entre la opinión pública sin precedentes hasta el momento. Las querellas que llegan hasta los tribunales por los problemas ocasionados son interminables y periódicamente, a través de los medios de comunicación, vamos conociendo más y más casos. El problema, además, es mayor del que se desprende de la actuación de los juzgados, pues en algunos casos ni siquiera llegan a los tribunales: son resueltos o tapados por la propia entidad que los ha comercializado, mediante acuerdos con los clientes afectados. Pero no son solo los activos los que generan escándalo hay otras cuestiones como por ejemplo la formulación de cuentas incorrectas a la hora de informar de una compañía cotizada o el hecho de que se colocarán sus acciones entre inversores no profesionales.
Ciñiéndonos a los productos financieros, conviene reconocer que muchos economistas tendrían problemas no solo para valorarlos, sino incluso para determinar el riesgo en el que se incurre y las expectativas de rentabilidad. Tan solo una pequeña parte de la población, aquellos que trabajan en los mercados financieros y en los departamentos donde se generan, así como profesores universitarios y de escuelas de negocio, conocen a fondo todos estos tipos de activo. Productos de los que legisladores y supervisores alertan constantemente de su complejidad y dificultad de entendimiento. Aun así, cada poco tiempo asistimos a un nuevo escándalo, el cual termina en los tribunales y que en la mayor parte de los casos acaba con un veredicto favorable a los clientes afectados. El último episodio, esta misma semana; en este caso la colocación de acciones de Bankia y la sentencia por parte del Supremo declarando la nulidad de la colocación por ofrecer datos falsos en su salida.
Cuando se buscan las causas de lo que está ocurriendo siempre se achaca al déficit cultural, económico y financiero que nuestra población en general presenta. Sin embargo esta afirmación no es cierta totalmente o no da una explicación convincente; es una respuesta fácil con la que lavarse las manos. Cierto es que el nivel de conocimiento económico y financiero es ampliamente mejorable pero como anteriormente se manifestaba sólo unos pocos economistas, matemáticos e ingenieros son capaces de entender en toda su complejidad, todos o alguno de estos productos. Por tanto sería demasiado fácil esta respuesta y no abarcaría todas la situaciones, además una cosa es tener conocimientos financieros y económicos y otra exigir un nivel de educación de máster universitario. Además no todo es educación, recordemos que en el caso de Gowex se trataba de una estafa, donde la empresa trampeó y manipuló las cuentas. ¿Dónde está aquí la falta de cultura económico-financiera?
La normativa MiFID II
Muchos miran a los reguladores y supervisores, Banco de España y CNMV. Ellos son los responsables de registrar, controlar y supervisar la información necesaria para el lanzamiento de estos productos. Argumentan que cumplen con la legislación, pero silencian que las normas son insuficientes e ineficientes por lo que no protegen adecuadamente a los inversores no profesionales, a los ciudadanos de a pie. No es una afirmación baldía la anterior: se sabe que la legislación no es la adecuada y precisamente por eso está en ciernes, enero de 2018, una nueva normativa sobre la comercialización de productos financieros y el asesoramiento que se presta. Esta normativa es conocida como MiFID II y viene a suplir los errores cometidos con la anterior normativa MiFID I. Un ejemplo de estas ineficiencias y su conocimiento lo tenemos en la calificación o advertencia sobre el riesgo y la liquidez de un producto. En este caso los reguladores obligan a incluir códigos claros y visuales sobre el riesgo y la liquidez de estos productos, el semáforo de riesgo y el nivel de riesgo de fondos de inversión. Pero además la legislación tenía lagunas pues había productos de inversión como los planes y fondos de pensiones, pólizas de seguro que en esencia son productos de inversión como los unit linked, donde la normativa MiFID no se aplicaba. Cuánto tiempo y cuántos escándalos se hubieran evitado de haberse subsanado rápidamente estas ineficiencias y lagunas, extendiendo además la legislación a todos los productos de inversión aun cuando no dependan de Banco de España o CNMV, sino de la Dirección General de Seguros. Un unit-linked es considerado por todos los expertos un producto de inversión que adopta contractualmente la forma de un seguro. Hay que mirar, cómo no, a los comercializadores, básicamente entidades de crédito e intermediarios financieros. Los productos referidos al inicio son vehículos que, para el banco o intermediario, no deparan riesgo en su balance, son además una fuente de ingresos notable frente a los productos tradicionales, por lo que la tentación es grande. Esa tentación se transforma en campañas de comercialización rápidas y agresivas donde los responsables comerciales presionan a las redes para cumplir objetivos, eufemismo que quiere decir que tienen que vender tal cantidad. Muchas de las personas que trabajan o están integradas en las redes comerciales, no se sorprendan, son incapaces a su vez de entender el producto o solo tienen una visión parcial del mismo. Difícilmente pueden, por tanto, trasladar a los clientes cuatro cuestiones básicas: horizonte temporal, liquidez, riesgo y rentabilidad; especialmente el del riesgo. Si añadimos a todo ello la presión del jefe de turno, llamando constantemente a los asesores y agentes financieros para ver cómo va la colocación, el resultado es una operación atropellada, en algunos casos defectuosa y en ocasiones falta de ética y moralidad.
Pero justo es reconocer también que los clientes tienen su parte de culpa. Cualquiera que se haya acercado a conocer qué es la planificación financiera habrá leído que es necesario contemplar el conocimiento y experiencias, amén de tener en cuenta las restricciones que cada persona presenta. Nadie debería tener en su patrimonio activos que no comprenda mínimamente, de los que no se haya informado convenientemente, sobre los que no haya preguntado y obtenido respuestas a las cuatro cuestiones básicas de toda inversión, insistimos: horizonte temporal, riesgo, liquidez y escenario de rentabilidad.
No es banca, es inversión
En descargo de los clientes podría argumentarse que ellos tienen confianza en la entidad, la banca es cuestión de confianza. El problema es que esto no es banca, realizar un depósito o abrir una cuenta corriente; esto es inversión. Aquí se adquieren activos financieros; el banco se comporta por tanto como un intermediario financiero; no existe confianza ni aval por parte del Fondo de Garantía de Depósitos. El beneficio del fondo está en los márgenes que tiene y se cobra sobre los productos; por cierto, margen que el cliente desconoce. Lejos, muy lejos quedan los días de la banca de personas, hoy la banca es una banca de productos. Su cuenta de resultados depende de los productos que comercializa, no como antiguamente de las personas. Eso sí, los ciudadanos son reacios a pagar a asesores, consultores o planificadores independientes; aquellos que su beneficio lo obtienen de facturar directamente al cliente y no por los productos intermediados. La cicatería da lugar, en algunos casos, al desastre.
El problema es por tanto más complejo de lo que parece. Son muchas las causas y aunque una nueva legislación está en ciernes, son muchos los que siguen siendo negativos y saben que, a pesar de esta nueva vuelta de tuerca, se seguirán produciendo escándalos. Hay demasiados implicados en todo este mundo y la naturaleza de algunos de ellos les hace olvidarse de la ética y la moral al buscar tan solo enriquecimiento rápido. El problema sigue residiendo en la necesidad de fuertes códigos éticos y no solo financieros.
