El proceso de desescalada culmina y España afronta el momento de lanzar medidas de calado para paliar los efectos de la pandemia. Sin embargo, cuando el consenso entre las principales fuerzas del país es fundamental, la situación real es que no se atisban grandes pactos del Estado transversales.
El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos hace sus propias propuestas en los grandes temas y busca el apoyo de sus socios directos, mientras que la negociación con el PP, principal partido de la oposición, se limita a aspectos puntuales como la introducción de algunos matices en el Real Decreto para la nueva normalidad.
En los últimos días, el presidente ha reiterado en diversas ocasiones que tiende su mano a Pablo Casado para buscar acuerdos. La realidad es que el Ejecutivo ha acometido movimientos como los planes para el automóvil o el turismo sin descolgar el teléfono y "tarde", en opinión de los populares. Otro tanto ha sucedido con los Ertes y tiene visos de cumplirse en materia fiscal, donde el Gobierno no quiere oír hablar de bajadas. En Educación, avanza una Ley Celaá en absoluto consensuada entre las dos primeras fuerzas pese a tratarse de una materia que reclama un pacto de Estado. Y uno de los ejemplos más claros se ha visto en materia sanitaria. Casado ha expuesto repetidamente a Sánchez posibles acuerdos como un 'Pacto Cajal' o un 'Pacto de Toledo' sanitario sin que el Gobierno haya movido pieza.
La misma dinámica puede darse a nivel europeo. España tiene que perfilar cómo se emplearán los fondos que libere la UE y en ese debate se corre el riesgo de que le llegue a la Comisión una propuesta que no sea fruto de un gran acuerdo transversal. Las instituciones comunitarias preferirían un mensaje de unidad, pero el panorama no es alentador. Sánchez lleva desde principios de mayo sin llamar a Casado y el último gran acuerdo entre ambos dirigentes fue que los nuevos Pactos de la Moncloa que quería Sánchez cobrasen la forma de la citada Comisión para la Reconstrucción, como exigía Casado.
Una queja habitual en el PP ha sido que se enteran de las medidas del Gobierno a través del BOE o por la prensa. Con el recuerdo cada vez más lejano de aquellos pactos de Estado que Casado propuso tras las generales en su visita a Moncloa, el presidente ha preferido bascular en la geometría variable alternando acuerdos con los independentistas y ahora con Ciudadanos. Si por un lado se llegaba a un pacto sorpresa –luego corregido– con EH Bildu para tumbar la reforma laboral, por otro se han aceptado demandas de Cs y la portavoz del Gobierno ha modulado el mensaje hasta decir que el acuerdo programático entre PSOE y Podemos se tendría que adaptar a la coyuntura para que haya Presupuestos. En esa hoja de ruta parece no estar la interlocución con la segunda fuerza del país, reducida a aspectos puntuales.
El único ámbito en el que Gobierno y PP están negociando con cierta consistencia es en el citado Real Decreto de 'nueva normalidad' aprobado el pasado 9 de junio y que ahora se tiene que convalidar en el Congreso. Aunque los de Casado se quejaron de que se enteraron del contenido del texto por el BOE, la interlocución entre Illa y Pastor, junto al importante rol que jugarán en su aplicación las autonomías, cinco de ellas gobernadas por los populares, han favorecido que se busque cierto consenso. Desde Génova consideran que el decreto se queda algo corto y que es capital potenciar elementos como la detección de casos en el escenario posterior al estado de alarma. Los populares no dejan entrever aún qué mejoras concretas desean incluir, pero sí destacan que esta norma es la prueba fehaciente de lo que Casado subrayó reiteradamente ante Sánchez: había herramientas para gestionar la situación sin prorrogar el estado de alarma sine die. Todo apunta a que el PP votará a favor o se abstendrá, en función de la acogida que tengan en el Ejecutivo sus propuestas. Otra exigencia que hace el PP es que el decreto se tramite como proyecto de ley para que pueda ser enmendado.
La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, dice que su partido va a "analizar a fondo" el decreto y que el sentido del voto aún no está decidido. "Más que la nueva normalidad [...], creo que es el decreto de la desinfección y el metro y medio, porque [...] en cada capítulo habla de desinfección y metro y medio en cada una de las áreas", glosó la popular para expresar que al partido se le queda débil el texto que Sánchez consensuó con Ciudadanos y PNV y para el que busca también el apoyo de ERC.
El decreto, cuya vigencia el Gobierno pretende extender "hasta que haya vacuna o remedio efectivo contra la enfermedad", contempla la obligatoriedad de usar la mascarilla en espacios públicos cerrados bajo pena de multa o fijar una distancia social de 1,5 metros –aplicable también al entorno laboral– tras reclamarlo Cs. Otro de los puntos pactados fue potenciar el teletrabajo. El texto insta, a mantener las debidas medidas de higiene y a "facilitar a la autoridad de salud pública competente todos los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica".
