La economía española en 2020 va a ser, sin lugar a dudas, una de las más perjudicadas –si no la que más– por la incidencia del Covid, con una pérdida de al menos dos dígitos, sin entrar en polémica de cifras, sino también la de peor recuperación. En ambientes oficiales y gubernamentales se hace hincapié en la fuerte incidencia del turismo y su repercusión como esperanza de mejora. Siendo ello cierto, también lo es que en países de nuestro entorno este sector tiene igualmente mucho peso –Francia e Italia son ejemplos–. La diferencia es que estos países tienen una fuerza industrial muy superior a la de España. El déficit comparativo está en el peso de la industria en la economía.
No cabe, en mi opinión, demonizar el fuerte peso del turismo y sí todo lo contrario; es una de las palancas más fuertes para la recuperación, una vez vencido el Covid-19.
España tiene una fortaleza en su patrimonio histórico, en su ubicación, en sus zonas turísticas, en un conjunto de islas inigualables, en definitiva, unas condiciones objetivas que la hacen ocupar los primeros lugares como destino turístico y, por tanto, ha de ser protegida, cuando desparezca esta situación anormal.
Desde elEconomista invocaremos la necesidad de su refuerzo, pero en estos momentos, hay que buscar otras soluciones, pues el turismo no será capaz de generar ninguna situación mejor a la de los últimos tres años.
Dicho lo anterior, es manifiesta la caída del sector industrial en nuestro PIB; en los últimos cincuenta años ha caído muy significativamente, en parte por el crecimiento de otros sectores, pero también por la pérdida de industria. En 1970 industria y energía eran el 32,9%, y en 2019, el 14,2% (el 12% sin energía).
La situación del peso industrial en nuestra economía y su pérdida e incidencia negativa frente a otras economías desarrolladas no es nueva y se ha evidenciado con la pandemia. elEconomista lleva varios años reclamando, en positivo, la necesidad de la reactivación económica y este suplemento, asociado a otras actuaciones editoriales, es una muestra.
Seguiremos contribuyendo en nuestra medida en identificar las medidas legislativas y gubernamentales necesarias para avanzar en el camino de la reactivación económica, siendo ahora más necesario que nunca denunciar la situación y a la vez proponer herramientas para que nuestras empresas progresen, crezcan y aumenten, como la forma de solventar los problemas de empleo.
El Covid-19 ha puesto en evidencia determinada debilidad del sector industrial y a la vez la necesidad de determinada protección. Cuando se produce una parálisis mundial como la vivida, es un riesgo para el país no tener un mínimo industrial a determinadas áreas, y para ello no hace falta mirar al sector público y sí al sector privado, ayudando políticamente con herramientas adecuadas a tal fin.
En la actual situación el único sector que tiene potencial real de crecimiento es el industrial
En el pasado ha habido decisiones acertadas y otras no tan acertadas, pero una de las desacertadas, en mi opinión, ha sido la de no considerar la necesidad de que España cuente un porcentaje de actividad mínimo o de seguridad en cada uno de los sectores. En la actual situación el único sector que tiene potencial real de crecimiento es el industrial.
Gozamos de grupos industriales que se imponen en el mercado mundial, unos ejecutivos, técnicos y unos trabajadores respetados y considerados internacionalmente; y teniendo esta diferenciación, la pregunta es qué hay que hacer, si se tiene lo principal –el talento– y las empresas son competitivas y están dispuestas a seguir en la pelea.
Es verdad que el empleo y el crecimiento económico viene de las empresas y de los autónomos, en resumen, del sector privado. Siendo esto cierto, también lo es que los gobiernos y las autoridades legislativas han de ayudar, creando las herramientas que son necesarias y no al contrario, y creando las condiciones objetivas y de seguridad jurídica que generen confianza.
Herramientas que no se reducen a la legislación laboral, desde luego importante, sino también medidas que ayuden a resolver la situación, v. gr.:
– Libertad de amortización para los activos nuevos, consiguiéndose como en el pasado pudimos ver, una fuerte inversión en nuestro tejido productivo, incrementándose la actividad y, por tanto, el empleo y los impuestos indirectos.
– Actualización de balances, permitiendo que las empresas puedan reconocer el valor de sus activos y que su imagen sea fiel y, por tanto, merecedora de más confianza y a la par obviando determinadas obligaciones legales de reducción de capital o de disolución.
– Fomentar el empleo, con deducciones atractivas, que permitan al empleador acudir a la contratación.
– Deducciones no sólo en la empresa, sino también en determinados colectivos, como primer empleo o desempleados de larga duración, mediante reducciones en IRPF.
– Ayuda a la formación.
– Fomentar el I+D+i de forma eficaz y no teórica.
– Que las organizaciones empresariales y sindicales recuperen la gestión de los recursos destinados a la formación.
– Definir sectores a mantener, aunque sea necesaria una intervención pública por ello, siempre y cuando sea temporal.
Y así una larga lista de herramientas que son necesarias, que nuestros políticos, gobierno y oposición, tienen la obligación de desarrollar.
Entendiendo como una obligación informativa proponer soluciones, vamos a trabajar con las empresas la elaboración de las cincuenta medidas para reindustrializar y resolver nuestra situación económica, empresarial y laboral.
Desde elEconomista nos ponemos a disposición de nuestros lectores para servir de altavoz a las necesidades, y desde luego, exigiendo al Gobierno de España una gestión objetiva de las ayudas con el interés general como único criterio.
