Medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos; el 70% tendrá problemas de liquidez, que aumentarán su morosidad, y en total requerirán de 238.000 millones de euros. Son datos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).
En este sentido, la falta de liquidez que estaban sufriendo muchas compañías como consecuencia del parón de la actividad, se está agravando a causa de los impagos. A este respecto, el 50% de las pequeñas y medianas empresas cree que la supervivencia de su empresa está en riesgo y un 5% ha cerrado definitivamente o prevé hacerlo, según se desprende de la última edición del barómetro #LaPymeHabla de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Cepyme).
En este contexto, según un estudio de Crédito y Caución e Iberinform, el 79% de las empresas tiene que aceptar plazos de pago superiores a los deseados para poder mantener su cartera de clientes.
Como recoge el informe, por primera vez desde que se realiza este estudio, en las dos oleadas de 2020 se registra un peor comportamiento entre las pymes que en la gran empresa. Esta evolución dispar refleja las diferentes necesidades de financiación por parte de los distintos segmentos, así como su capacidad para imponer plazos de pago a sus proveedores.
Uno de los grandes deudores con los proveedores en España son las administraciones públicas. Según datos de PMcM, el plazo medio de pago de la administración es de 82 días, cuando el plazo máximo legal son 30 días.
Ya en 2019, el Informe sobre Morosidad: Estudios de Plazos de Pago en España 2019 elaborado por PMcM, exponía que el plazo medio de pago a proveedores aumentó en el sector público en 2 días (un 3% más) pasando de 68 a 70 días de media. De este modo, el año pasado fue el segundo ejercicio en el que creció la morosidad (en 2018 el plazo aumentó en 3 días desde los 65 de media registrados en 2017) tras una mejora constante de esta ratio desde 2010, periodo posterior a la crisis económica de 2008. Con la pandemia y las medidas restrictivas asociadas a ella, esta tendencia ha pisado el acelerador, agravando así la difícil situación que ya afrontan las pequeñas y medianas empresas y los autónomos.
Por otro lado, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) indica en su último informe sobre los periodos medios de pago, que la administración central cumple los plazos, la regional, de media, no los cumple pero se excede en sólo tres días y son los ayuntamientos, de media, los que más tarde pagan a sus proveedores, triplicando el periodo legal de pago.
Así, la media de los periodos de pago de la administración central es de 29 días y se ha reducido en un día desde junio de 2019 a junio de 2020; las administraciones autonómicas pagaban en junio de 2020 de media en 33 días, 3 días antes que en junio de 2019 y son las locales, aquellas precisamente que más cercanas son al autónomo, las que han pasado de pagar en junio de 2019 en algo más de dos meses (66 días) a hacerlo en tres meses y una semana (99 días). El récord de retrasos lo tiene la ciudad de Jaén que tarda de media 693 días en afrontar sus pagos. Le siguen de cerca los consistorios de Parla (440 días) y Jerez de la Frontera (416 días).
En palabras de Lorenzo Amor, presidente de ATA, "un incremento de la morosidad es un daño terrible en estos momentos de falta de liquidez, en estos momentos de deterioro económico para los autónomos, para las pymes y para las empresas. Reiteramos: hay que imponer un régimen sancionador a toda aquella administración que incumpla la ley del mismo modo que se sanciona a cualquier ciudadano cuando incumple el periodo de pago que establece la administración".
Ley de morosidad
Hace poco más de un mes se conocía que el Congreso estudia poner en marcha un régimen sancionador que multará a las empresas morosas. El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, indicó a raíz de esta noticia que el régimen sancionador evitará que se rompa la cadena de pagos velando por que las empresas paguen dentro del plazo legal, establecido en unos 60 días.
A su juicio, esta medida lograría reducir la necesidad de endeudamiento financiero de muchas pymes y autónomos. "De esta forma, se inyectará liquidez al sistema y se mejorará la competitividad y productividad de las empresas", señaló.
Por su parte, ATA avisó de que la nueva ley debe ir dirigida primero hacia las administraciones públicas. Lorenzo Amor, indicó a este respecto que "toda sanción que venga debe empezar por el ámbito público ya que son las propias administraciones las que deben ser garantes de la ley".
