El Fondo de Reconstrucción de la Unión Europea representa la mayor oportunidad para que España pueda abordar el desafío que suponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) e invertir en infraestructuras para impulsar una economía más verde.
El Fondo de Reconstrucción de la Unión Europea representa una oportunidad histórica para que España pueda abordar las necesidades de inversión en infraestructuras y poder así cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que fija la Agenda 2030. España recibirá alrededor de 140.000 millones de euros, de los que 72.700 millones corresponderán a ayudas directas y el resto serán créditos. El Gobierno tendrá que diseñar en los próximos meses los proyectos que se desarrollarán a través de este instrumento y las infraestructuras tendrán un papel principal.
El secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, ya ha avanzado que la movilidad y la vivienda recibirán alrededor de 18.000 millones de euros de las ayudas directas del Fondo de Reconstrucción, lo que equivale al 25% del total. Este volumen corresponde a iniciativas promovidas tanto por el Estado, a través de los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y del Ministerio de Transición Ecológica, fundamentalmente, las Comunidades Autónomas y los entes locales (Ayuntamientos y Diputaciones).
La digitalización y la sostenibilidad son los elementos protagonistas de las inversiones financiadas por la vía del Fondo de Reconstrucción
La digitalización y la sostenibilidad son los elementos protagonistas de las inversiones financiadas por la vía del Fondo de Reconstrucción. Se abundará así en una estrategia encaminada al cumplimiento de los ODS, en un contexto en el que España ha de multiplicar los recursos puesto que en algunos casos incluso la falta de infraestructuras está provocando sanciones por parte de las autoridades comunitarias.
La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha valorado en 157.000 millones de euros las necesidades de inversión prioritarias en infraestructuras para los próximos diez años, que, además de cumplir con los ODS marcados por Naciones Unidas comprometidos por España, servirán como palanca de reactivación de la economía, tras la actual crisis sanitaria. Estas inversiones, a ejecutar durante el periodo 2021/2030, generarán 144.870 millones de euros de actividad económica inducida, 2.362.020 nuevos empleos, con un volumen de importaciones necesarias de solo el 9% de la demanda final, y un retorno fiscal de 77.159 millones, de acuerdo con los cálculos de la organización preside Julián Núñez.
Dentro de los 157.000 millones se incluyen 23.600 millones de euros para resolver las carencias en hospitales y ampliar la capacidad sanitaria, además de reducir las víctimas por accidentes de tráfico. Excluyendo esta cantidad, que tiene una relación más alejada de las infraestructuras destinadas a la mejora del medio ambiente, el volumen de inversiones estimado por la patronal de las grandes constructoras se sitúa en aproximadamente 133.400 millones de euros.
La inversión pública en España sigue en niveles mínimos históricos, equivalente en términos de PIB al de 1980
Esta de necesidad inversión se concentra en diversas áreas prioritarias de mejora de la movilidad, el bienestar ciudadano y el desarrollo sostenible. Sin embargo, la inversión pública en España sigue en niveles mínimos históricos, equivalente en términos de PIB al de 1980, y con el ratio inversor más reducido de la Unión Europea (UE).
Entre las prioridades destacan los 32.435 millones que han de destinarse para conseguir energía asequible y no contaminante en el sector residencial y terciario (ODS 7). Esta partida está centrada en mejorar la eficiencia energética en el sector residencial y terciario a través de la inversión en infraestructuras para reducir el consumo de energía primaria y se desglosaría en 22.431 millones en edificios existentes del sector residencial, 3.671 millones en edificación del sector terciario y 6.333 millones en grandes instalaciones de climatización.
Necesidades en el ámbito del agua
Para llegar al ODS 6 Agua limpia y saneamiento y terminar con 29 años de incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE de tratamiento de aguas residuales urbanas, habría que invertir, según Seopan, 3.506 millones en infraestructuras de depuración, ya que, actualmente, solo un 32% de los municipios de más de 10.000 habitantes en España dispone de sistemas de depuración terciarios y las sanciones de la Comisión Europea (CE) desde 2018 auman 32,7 millones. Además, se necesitan 1.747 millones en infraestructuras para mejorar la gestión de recursos hídricos en materia de regulación y reutilización, y protección de los ecosistemas del agua.
El ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura queda lejos si se tiene en cuenta que en el periodo 2008-2018 las pérdidas en distribución de agua han aumentado del 24% al 26% mientras que la inversión en la red se ha reducido un 40% (datos del Instituto Nacional de Estadística -INE), que el déficit en conservación viaria implica deterioros en el pavimento en uno de cada 13 kilómetros, según la AEC, o que España tiene la cuota de transporte ferroviario de mercancías más baja de la UE, únicamente el 1,7% del tráfico interior, aun siendo este medio de transporte cinco veces más eficiente que el resto de modos. Así, habría que invertir 2.898 millones en mejorar la calidad de las redes de saneamiento, distribución y suministro de agua, 7.000 millonesen conservación de carreteras y 7.650 millonesen infraestructuras regionales y transfronterizas de transporte ferroviario de mercancías, conexiones ferro portuarias y logística.
España deposita anualmente en vertedero el 60% de los residuos urbanos y rechazos, el doble que las mayores economías europeas
Igualmente, España está lejos de alcanzar el ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles, ya que, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), varias regiones españolas superan los límites de contaminación anual, además de que un 22% de las viviendas españolas siguen sin servicios de depuración y un 4% sin servicios de alcantarillado. A pesar del incremento de la población urbana, se ha reducido a cero la inversión pública en transporte público -metro y cercanías- y los costes anuales de la congestión viaria en España representan 5.500 millones de euros.
Asimismo, España deposita anualmente en vertedero el 60% de los residuos urbanos y rechazos, el doble que las mayores economías europeas, habiendo sido condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la existencia de 88 vertederos incontrolados, cuyas sanciones podrían superar los 50 millones de euros.
Luchas contra el estrés hídrico
Ante esta situación, se deberían destinar 30.776 millones de euros en ampliar la infraestructura de transporte público, 27.034 millones de euros en mejorar la movilidad en vías urbanas e interurbanas, 6.000 millones de euros en crear infraestructura verde en el ámbito urbano, 6.521 millones en reducir el impacto de los residuos municipales y 4.453 millones en servicios de alcantarillado y depuración y mejora de las vías interurbanas regionales.
El ODS 15 reclama luchar contra la desertificación, la sequía e inundaciones que, en el caso de España, son causa de las mayores catástrofes naturales (los daños en bienes, personas y pérdidas pecuniarias ascienden a 5.320 millones desde 1981). Además, el 72% de la superficie española sufre estrés hídrico severo y un 50% está en riesgo de desertización. Estos retos requieren invertir 2.910 millones en infraestructuras para prevenir la desertización y la sequía, y 938 millones en prevención de inundaciones.
