Cada vez hay menos tiempo para actuar, y por ello el interés de cada reunión de la Conferencia de las Partes (COP) crece con cada convocatoria. En esta, la COP número 25, que tendrá lugar entre el 2 y el 13 de diciembre, la sensación de urgencia está acompañada por la premura en la organización. Tras las protestas de octubre en Chile, país anfitrión, España se postuló como sede alternativa: con apenas un mes de margen, el 1 de noviembre la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) confirmó que Madrid sería la ciudad elegida.
Por lo demás, la sensación de urgencia late también tras el lema de la Cumbre -"Tiempo para la acción"-, que la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, quiere que sea el mensaje que les quede a los españoles, de manera que la acción climática sea una prioridad para ellos. Ribera manifestó el pasado 12 de noviembre que la COP25 es una oportunidad "para movilizar a toda la sociedad civil". El Ministerio estima que la cumbre supondrá un gasto de 60 millones de euros y tendrá un impacto en la economía madrileña de 100 millones.
Entre las más de 20.000 personas de 195 países que se prevé que asistirán a la cita se encontrará probablemente la joven activista Greta Thunberg. La estudiante sueca se ha convertido en un icono medioambiental a raíz de sus protestas ante el Parlamento de Suecia en agosto de 2018 y también por el estricto ecologismo que practica. Thunberg tomó parte en la Cumbre ONU sobre la Acción Climática celebrada en Nueva York el pasado septiembre. Se desplazará a Madrid en catamarán desde Virginia (Estados Unidos), ya que evita viajar en avión debido a las emisiones de este medio de transporte.
Las estimaciones de emisiones a 2030 apuntan a que no se está haciendo lo necesario para limitar el alza de las temperaturas a 2 grados
Las dificultades no solo afectan a Thunberg. Los costes de cancelación y realojamiento derivados del cambio de sede afectarán en mayor medida a delegados del hemisferio sur, y en especial a aquellos provenientes de países y pequeños Estados insulares en desarrollo. El escaso margen de cuatro semanas podría complicar la asistencia para quienes dependan de un visado para acceder a un país del espacio Schengen. El cambio también podría forzar la cancelación de actividades impulsadas por colectivos jóvenes, como la Conferencia de la Juventud.
En cualquier caso, no cabe minimizar la importancia de esta cumbre. El relieve de estas reuniones recibió un empujón clave en la COP21 de París, que debía negociar el llamado Acuerdo de París, la primera gran iniciativa global en el terreno del medio ambiente desde el Protocolo de Kioto. La Cumbre de Madrid es la segunda conferencia de las partes adscritas al Acuerdo de París (CMA 2) y la duodécima conferencia de los suscriptores del Protocolo de Kioto (CMP 12), y en calidad de tal evaluará el grado de cumplimiento y avance en los compromisos anteriores para proponer medidas que permitan seguir adelante. La de Madrid será la primera reunión de los signatarios de París para evaluar tanto lo que han hecho como lo que pueden hacer, en palabras de Christiana Figueres, exfuncionaria de Naciones Unidas.
Medidas insuficientes
La Cumbre de Madrid tiene como principal objetivo establecer los detalles finales sobre la implementación del Acuerdo de París, es decir, definir los cauces concretos que conducirán, o deberían conducir, a limitar el crecimiento de la temperatura a entre 1,5 y 2 grados centígrados. La publicación en 2018 de un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) sobre las notables diferencias entre los efectos de un calentamiento de 1,5 ºC y uno de 2 ºC ha ayudado a mantener viva la discusión climática.
Entre las principales conclusiones de este trabajo, que cuenta con más de 6.000 referencias científicas, está en que limitar el calentamiento a 1,5 grados -siempre respecto al escenario de 2 grados- se traduciría en un menor alza de las temperaturas y la acidez de los mares, con la consiguiente mejora en la salud de los ecosistemas de los que dependen el bienestar de apreciables masas de población.
Entre las más de 20.000 personas de 195 países que se prevé que asistirán a la cita se encontrará probablemente la joven activista Greta Thunberg
Los datos disponibles no invitan al entusiasmo. Según el Emissions Gap Report 2019 de la ONU, las emisiones globales en 2030 serán entre 13 y 15 GtCO2e (gigatoneladas de CO2 equivalente) superiores a lo que exige limitar el calentamiento global a 2 ºC, y entre 29 y 32 GtCO2e más que el máximo compatible con un escenario de 1,5 ºC. De seguir la tendencia actual, la producción de combustibles fósiles a 2030 excederá estos límites en un 50 y un 120% respectivamente. Algunos han adoptado medidas muy ambiciosas: 10 países se han comprometido o están en proceso de comprometerse a emplear un 100% de energía renovable. Pero estos países representaron solo el 10% de las emisiones globales de CO2 derivadas de la generación de electricidad en 2016.
A menudo, los países en vías de desarrollo -y singularmente los Estados insulares en vías de desarrollo- son los más expuestos a los efectos del cambio climático. Por eso, es esperanzador el anuncio, a finales de octubre, de que 27 países aportarán 9.776 millones de dólares (unos 8.900 millones de euros) al Green Climate Fund, para que los países en desarrollo puedan reducir sus emisiones de GEI y adaptarse a los efectos del calentamiento global. España está entre las naciones que incrementarán su compromiso inicial, de 2014, a este instrumento que se creó en 2010 también en el marco de la CMNUCC.
Las nuevas cifras constituyen un alza del 70% anual de los recursos anuales de este fondo -si bien alguno de los signatarios aún no ha satisfecho su aportación inicial-, donde destacan las contribuciones de Reino Unido, Francia, Alemania, Japón y Suecia. El Green Climate Fund ya ha asignado 5.200 millones de dólares (unos 4.700 millones de euros) a 111 iniciativas climáticas en todo el mundo, y actualmente estudia proyectos por valor de 440 millones de euros.
El mundo empresarial también ha mostrado una razonable sensibilidad hacia el objetivo de 1,5 ºC. El World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), que engloba a CEO de más de 200 empresas de todo el mundo, con ingresos combinados de más de 7,7 billones de euros, presentó el pasado mes de septiembre una propuesta para fijar un precio del carbono, que consideran crucial para alcanzar dicho objetivo.
Estas políticas son según el WBCSD una de las herramientas más efectivas y eficientes para avanzar hacia la descarbonización y la reducción de emisiones a la vez que se mantiene la competitividad, se crea empleo, se espolea la innovación y se habilita la inversión minimizando los costes sociales. En 2018, según informa esta organización, más de 1.300 compañías -entre ellas 100 de la lista Fortune Global 500- revelaron que trabajan internamente con un precio del carbono o que lo iban a implementar en un plazo de dos años.
El factor Trump
El 1 de junio de 2017 -apenas cuatro meses y medio después de tomar posesión del cargo-, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país abandonaría el Acuerdo de París, al considerar que imponía estándares ambientales injustos a las empresas y los trabajadores norteamericanos y calificar el pacto de "draconiano". Lejos de reconsiderar su posición en estos dos años, Trump inició el proceso formal de salida el pasado 4 de noviembre, la primera fecha hábil que permitían las reglas del Acuerdo.
Que el segundo mayor emisor de GEI abandone el mayor acuerdo ambiental de las últimas décadas no es una buena noticia. Sin embargo, el procedimiento establece que la salida de EEUU se completará dentro de un año, es decir, justo un día después de las elecciones presidenciales de 2020. En teoría, es posible que el vencedor, si no es el propio Trump, solicite el reingreso, lo que podría suponer el regreso de EEUU al Acuerdo en el plazo de 30 días desde entonces.
Pese a los intentos de Trump, 25 de 50 estados de EEUU sí implementan reformas por su cuenta para acercar a EEUU a los objetivos suscritos en París
Entretanto, 25 de los 50 estados de América más Puerto Rico han decidido implementar reformas por su cuenta para acercar a EEUU a los objetivos suscritos en París: la reducción de al menos entre un 26 y un 28 por ciento de las emisiones de GEI en 2025 respecto a los niveles de 2005. La llamada Alianza por el Clima de Estados Unidos representa el 55% de la población de EEUU, el 40% de las emisiones del país y una economía de 10.6 billones de euros -sería la tercera mayor del mundo-.
Los estados miembros han aprobado iniciativas notables, aunque no es claro que puedan compensar la inacción de la Administración Trump. Destacan, en todo caso, la fijación del objetivo de reducción de emisiones; leyes para impulsar las energías renovables; impulso a la eficiencia energética en la construcción; políticas de apoyo a los vehículos de cero emisiones; regulaciones para atajar la emisión de gases muy contaminantes, y financiación tanto para proyectos verdes como para adaptarse al cambio climático.
