México atraviesa un 2018 marcado por la elección presidencial, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que no termina de cuajar, y el cierre de una Administración cuyo principal reto, la implementación de las reformas estructurales, se ha visto amenazada por choques geopolíticos y problemas estructurales que han lastrado la cosecha de los prometidos frutos económicos.
La apertura del sector energético a la iniciativa privada -probablemente la reforma más profunda del sexenio-, ha permitido al Gobierno federal comprometer hasta ahora inversiones por 135.000 millones de euros de empresas nacionales e internacionales solo en exploración y explotación de hidrocarburos. El Gobierno de Peña Nieto espera concluir este sexenio con 168.000 millones de euros en inversiones privadas para el sector, en un momento en el que la producción de Pemex pasa por su peor momento en 17 años.
Gasolina e inflación
La reforma energética trajo consigo un cambio fundamental en el día a día de la población mexicana: la entrada de nuevos jugadores al sector gasolinero. Por el momento, dado que la distribución de los combustibles sigue estando a cargo de la petrolera estatal, empresas como la española Repsol, la holandesa Shell o la británica BP deben conformarse con vender la gasolina que les provee Pemex, con "aditivos" que prometen cierta mejoría en calidad y rendimiento, pero poco más.
La entrada de nuevas empresas no ha significado una competencia real que permita ofrecer precios diversos, pues la liberalización de los costos de los combustibles sigue siendo parcial. El Gobierno aún regula, mediante el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) -que se sube o se baja según las condiciones del mercado- el impacto que pueda tener el precio final de cada litro de gasolina, según el vaivén de los precios internacionales del combustible y del tipo de cambio. El Gobierno se vio obligado a establecer este mecanismo después del llamado gasolinazo de enero de 2017, cuando la liberalización de los precios hizo que subieran un 20% en un solo mes.
El descontento social inicial fue tal que el presidente tuvo que salir a dar un mensaje a la nación para explicar el alza en los precios. "Se trata de un aumento que viene del exterior. El Gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento", aseguró Peña Nieto.
"Tratar de mantener el precio artificial de las gasolinas nos hubiera obligado a recortar programas sociales, a subir impuestos o a incrementar la deuda del país, poniendo en riesgo la estabilidad de toda la economía", añadió. Terminó con una frase que quedará para la hemeroteca: "Les pregunto: ¿qué hubieran hecho ustedes?".
El estímulo le costó al erario 56.300 millones de euros durante 2017, pero había poco margen de actuación. El gasolinazo llevó la inflación general hasta el 6,69% en la primera mitad de diciembre, su nivel más alto en 17 años y, junto con la presión de la normalización de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, obligó al Banco de México a elevar su tasa de interés de referencia hasta un 7,5% en febrero, su nivel más alto en nueve años.
Pese a todo lo anterior, la economía mexicana ha probado resiliencia. El dato del PIB para el tercer trimestre del año fue del 2,4% respecto a igual periodo del año pasado con cifras desestacionalizadas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El avance es visto por los más optimistas como un logro, tomando en cuenta los vendavales externos que ha tenido que enfrentar el país. Para los pesimistas, un crecimiento que no supera el promedio de los últimos 20 años es evidencia que la implementación de las reformas estructurales aún está pendiente y sigue lejos de aportar ese crecimiento del 4% anual que se pronosticaba al principio del sexenio.
En abril pasado, Moody's fue la última calificadora en sumarse a la mejora de la perspectiva crediticia del país desde "negativa" a "estable". El analista soberano de Moody's para México, Jaime Reusche, opina que las fortalezas de la economía mexicana son tales que su perfil crediticio debería tener una calificación mucho más elevada. No obstante, dijo en una reunión reciente con medios de comunicación, sigue arrastrando flagelos como la informalidad, la corrupción y la falta de Estado de derecho, problemas "estructurales" que "se resuelven en el largo plazo".
El peso, medidor geopolítico
El tipo de cambio, principal termómetro de la relación entre México y EEUU, comenzó a resentirse gravemente con la victoria de Donald Trump en noviembre de 2016. Llegó a su peor momento un par de días después de la elección en Estados Unidos, hasta llegar a 21 pesos por dólar.
Desde entonces a la fecha, su cualidad de divisa de libre flotación le ha permitido recuperar cierto terreno. Ahora los mercados están nerviosos por no ver el fin de una renegociación del tratado comercial trilateral, que sigue a la espera de que alguna de las partes ceda en la cuestión más problemática: las reglas de origen.
Actualmente es de 60% y EEUU quiere elevarlo a 85%, para así controlar la entrada de países como China al mercado norteamericano. Desde México, la exigencia estadounidense se ha calificado como "irrealizable", según el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís.
Cada vez que la esperanza de alcanzar un acuerdo se aplaza, el peso pierde. En la primera semana de mayo rompió de nuevo la barrera psicológica de los 19 pesos por dólar al mayoreo y cotizó en 19,27. Los analistas coinciden en apuntar que las tensiones por el tratado comercial, aunadas al proceso electoral, pueden llevarlo hasta los 19,55 por dólar.
La campaña electoral es desde el inicio del año una nube que cubre a toda la actividad económica y que no se disipará hasta el 1 de julio, día de los comicios. Según el consenso de las encuestas, el candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tiene una amplia ventaja.
Vientos de cambio político
La muy posible llegada del político de izquierda a la Presidencia de México ha causado todo tipo de reacciones, dado que ha prometido revisar uno a uno los contratos de la Administración de Peña Nieto con las grandes petroleras y empresas privadas que han llegado a invertir a México. También ha puesto en entredicho el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. El proyecto tendrá un coste de 10.880 millones de euros y crearía, 450.000 empleos, según sus promotores
López Obrador, que se postula por tercera vez a la presidencia, tiene una relación voluble con el empresariado mexicano. El candidato ha acusado a los principales empresarios del país de ser beneficiarios de la corrupción y de presionar al candidato del partido gobernante (PRI), José Antonio Meade, para declinar en favor del segundo lugar, el panista Ricardo Anaya.
La reacción del poderoso Consejo Mexicano de Negocios fue un desplegado en los principales diarios del país. "Exigimos respeto. No es denigrando ni calumniando como se establece y fortalece una relación constructiva y de confianza con el sector productivo y empresarial de México", rezaba la misiva del consejo, que integra a hombres como Carlos Slim, propietario de América Móvil, o Roberto Servitje, de Bimbo.
A medida que los rifirrafes entre AMLO y el alto empresariado mexicano van amainando, los analistas del sector optan por mirar lo más afuera posible. Moody's ve "altamente probable" que el sexenio que viene tenga un Congreso "fragmentado", sin mayoría de un solo partido, que hará oposición al presidente, dijo Reusche.