Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, considera que para transitar por el proceso de descarbonización de la economía cosechando el máximo de beneficio debe actuarse en tres frentes distintos: "el funcionamiento del mercado eléctrico, la coherencia del sistema fiscal y la necesidad de regular el almacenamiento de energía". Detrás de estas tres líneas de actuación se esconde una profunda transformación de la regulación vigente, para adaptarla a los condicionantes de las tecnologías limpias.
Mucha expectación despertó la ministra el miércoles por la mañana, al anunciar en la Sesión de Control del Congreso que por la tarde iba a presentar "una propuesta de reforma estructural" durante una comparecencia en Comisión solicitada por ella misma.
Cierto es que, a falta de conocer la letra pequeña, anunció un buen número de medidas -un plan de choque- para contener el impacto de los crecientes precios de la energía en los consumidores, sobre todo en los domésticos, pero, al final, la anunciada "reforma estructural" se quedó en una exposición de los problemas que debe afrontar el país durante los próximos años y en el anuncio de varias medidas a corto plazo para potenciar las renovables, como potenciar el autoconsumo.
De sus tres líneas prioritarias se detuvo muchísimo más en la primera, en el mercado eléctrico y en sus ineficiencias, derivadas del sistema marginalista, en el que todas las tecnologías cobran el precio de la oferta más elevada, pero necesaria para cubrir la demanda en ese momento. A su juicio, el modelo fue válido cuando se diseñó, hace casi dos décadas, pero en un futuro próximo en el que predominen tecnologías con elevados costes fijos y escasos costes variables -como son la eólica y la fotovoltaica- su precio será demasiado bajo para dar señales de inversión adecuadas.
Contratos bilaterales
Sabedora de que es imposible modificar un sistema marginalista que se impone y coordina progresivamente en toda la UE -y que refleja bien el coste marginal de producción-, abogó por incrementar el volumen de energía que se negocia fuera de él, mediante contratos bilaterales a largo plazo con precio fijo, como sucede en otros países vecinos, como Francia. Prometió facilitarlos.
A pesar de anunciar la suspensión del impuesto al 7% de la generación eléctrica, apenas se detuvo en la fiscalidad, quizá porque no le compete a su Cartera, aunque deba trabajar íntimamente con la de Hacienda para que la tributación sobre la energía reme a favor del proceso de descarbonización. O quizá porque el Gobierno ya tiene suficiente conflicto en estos momentos con el polémico anuncio de equiparar la fiscalidad del gasóleo con la de la gasolina -o con la subida del tipo del IRPF para las rentas elevadas- como para abrir nuevos frentes en esta área.
Y en el caso del almacenamiento de electricidad, se limitó a exponer la necesidad de regularlo en previsión de una creciente penetración de renovables intermitentes. Ella misma reconoció que se trata de la más novedosa de su terna de prioridades, porque -con permiso de los tradicionales bombeos hidroeléctricos- apenas se comienzan a dar los primeros pasos en otras latitudes, como Alemania, California o Australia; el campo está prácticamente virgen y la tecnología, inmadura, con dos escollos mayúsculos en el almacenamiento estacional -es decir, guardar la energía excedentaria en invierno para consumirla en verano- y en el respaldo de renovables durante períodos prolongados, de varias semanas.
En suma, la ministra de Transición Ecológica propuso a todos los agentes políticos económicos y sociales "un debate de fondo, complejo, muy complejo, tan complejo que ha sido muy difícil hasta ahora poder abordarlo de forma abierta".
