El Ministerio de Transición Ecológica obligará a las eléctricas, cuando vendan la energía en régimen regulado, a informar a los consumidores "de cual hubiera sido la facturación con otras tarifas", particularmente aquellas con discriminación horaria. Así lo reveló la ministra, Teresa Ribera, al desgranar las medidas que piensa implantar para aumentar la información, la protección y el ahorro de los ciudadanos durante su comparecencia del miércoles pasado en el Congreso de los Diputados.
Ribera anunció dos medidas fundamentales, la suspensión temporal del impuesto al 7% de la generación -que provocará un ahorro del 3% a los hogares y del 5% a las grandes industrias- y la ampliación del bono social eléctrico, para que alcance a otros consumidores vulnerables y también permita sufragar el coste de la calefacción en invierno. Pero durante su intervención dejó caer otras actuaciones con gran recorrido e importantes implicaciones.
Para que sean efectivas es imprescindible aumentar la información disponible, al objeto de que los consumidores aprovechen opciones a su alcance y, además de conseguir un ahorro, crear nuevas oportunidades de negocio para las empresas de servicios energéticos (ESE).
Discriminación horaria
Por ejemplo, existen tarifas con discriminación horaria, tanto en el mercado libre como en el regulado, con diferentes precios en función de la hora en que se consuma: hay horas punta, más caras, y horas valle, más baratas. Todas ellas suelen proporcionar un ahorro directo aunque no se cambien los hábitos, porque hay más horas valle que horas punta, y sólo con la reducción del coste de la energía consumida por el frigorífico (que siempre está encendido y es responsable del 18% del consumo del hogar) se reduce la factura final.
Según calcula la OCU, un hogar medio, con el Precio Voluntario al Pequeño Comsumidor (PVPC) contratado, puede ahorrar unos 70 euros anuales con una tarifa de discriminación horaria de dos períodos, la más frecuente, sólo considerando que realiza la mitad del consumo en sus 14 horas valle. Si, además, se modifican las costumbres y se usan los electrodomésticos en las horas baratas, el ahorro puede ser superior. Sin embargo, poco más del 5% de los consumidores disfruta de estas tarifas, básicamente por desconocimiento.
Pues bien, Ribera indicó que facilitará "el acceso de los consumidores domésticos a la información sobre peajes de acceso con discriminación horaria y las tarifas que las acompañan", y que lo hará "obligando a las comercializadoras de referencia [las grandes eléctricas operando en régimen regulado] a que informen en los consumidores en su factura de cuál hubiera sido la facturación con otras tarifas que incluyan discriminación horaria".
Flexibilidad en la potencia
Otro de los ámbitos de actuación será la potencia contratada, responsable del 60% de la factura de los pequeños consumidores.
La potencia contratada permite usar simultáneamente más o menos electrodomésticos, y en el caso de que se exceda el nivel del contrato, saltan los plomos y se interrumpe el suministro. Sin embargo, como explicó Ribera, "algunos consumidores incurren en gastos innecesarios por exceso de potencia contratada, cuando en realidad el servicio no se ajusta a sus necesidades", es decir, o bien es imposible que conectando a la vez todos sus aparatos eléctricos salten los plomos, o bien con un consumo más racional (no encender la plancha a la vez que la vitrocerámica), podría abaratarse el recibo al reducir el nivel de potencia contratada.
Aquí el Ministerio se plantea una actuación doble: información sobre las necesidades reales de máxima potencia contratada y "una mayor flexibilización en cuanto al valor de la potencia a contratar, en lugar que tener que partir de un término de potencia elevado y rígido", es decir, que no salten los plomos si puntualmente hay un exceso de potencia, sino que haya una penalización económica por ese exceso, de acuerdo con una práctica que ya existe en tarifas con mayores potencias, típicamente industriales.
Además, Ribera dijo que información ahora sólo accesible a las comercializadoras y distribuidoras estará a disposición del consumidor "para que se puedan ofertar servicios energéticos, gestión de demanda y agregación".
Adaptar la demanda al precio
Las ESE son empresas que obtienen ingresos proporcionando ahorro energético a sus clientes (normalmente cobran en función de él) y la ministra quiere potenciarlas, no sólo para abaratar la factura de los consumidores, sino también para que la demanda sea sensible al mercado y "se adapte a los momentos en que la comunidad produce más o cuando la energía es más barata o abundante, consumiendo menos cuando es más cara y escasa".
La voluntad de potenciar el autoconsumo y la generación distribuida encajan con ese planteamiento: "se trata de generar y compartir de modo distribuido haciendo que las pérdidas por distribución se reduzcan, originando con ello ahorro".
Y, adicionalmente, Ribera avisa: "Junto a esto incluimos también la eliminación de otras imperfecciones del sistema con medidas contra posibles prácticas abusivas de las comercializadoras".
