El Tribunal Federal de Australia ha dictado una sentencia que supone un nuevo varapalo para España en la batalla judicial por los recortes retroactivos a las primas de las energías renovables. Los fallos, que suman más de 469 millones de euros, afectan a los arbitrajes presentados por los fondos RREEF (59,6 millones), 9REN (41,7 millones), Watkins (77 millones) y NextEra (290,6 millones).
El juez ha rechazado los argumentos de inmunidad soberana planteados por la Abogacía del Estado y ha dado la razón a los demandantes en cuatro procedimientos de ejecución de laudos arbitrales, a los que se añadirán intereses y costas. En su resolución, el magistrado recalcó que España no puede ampararse en la inmunidad soberana para eludir la ejecución de laudos vinculantes y criticó la estrategia procesal del Estado, a la que calificó de "poco útil y gravosa". El tribunal también desestimó la intervención de la Comisión Europea en apoyo a España, al considerarla "irrelevante y repetitiva", e impuso costas contra ambas instituciones.
Un portavoz de las compañías afectadas aseguró tras el fallo que la decisión "lanza un mensaje claro: España no puede escudarse en la inmunidad para eludir sus obligaciones. Los inversores tienen derecho a la protección del derecho internacional y los jueces lo están confirmando".
Derrotas previas
El Gobierno logró en junio un acuerdo para liquidar el laudo correspondiente a la japonesa JGC, lo que apuntaba a una posible vía de negociación. Sin embargo, la falta de avances en el resto de procedimientos mantiene a los inversores en la senda de los embargos internacionales.
Con esta última sentencia, España suma ya 26 derrotas en los tribunales internacionales por este asunto y se consolida como el mayor moroso mundial en arbitrajes de inversión, con más de 1.400 millones de euros en laudos pendientes de pago, que ascienden a 1.870 millones de dólares si se incluyen intereses y gastos judiciales. Solo en el último mes, el Estado ha perdido procedimientos en Bélgica, Estados Unidos y ahora en Australia.
De hecho, este nuevo golpe a los intereses del Estado llega apenas días después de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) rechazara por unanimidad la petición española de anular un laudo de 106 millones de dólares a favor de Eurus Energy, filial de Toyota. El comité arbitral descartó todos los argumentos del Gobierno sobre supuestas faltas de motivación o errores procesales y ratificó la condena, que ya asciende a unos 113 millones de dólares incluyendo intereses y costes legales.
A esta derrota se suma la sufrida el 12 de agosto en Estados Unidos. El Tribunal de Distrito de Columbia desestimó dos intentos de España para frenar la ejecución de indemnizaciones a la citada RREEF e Infrastructure Services, ambos afectados por la retirada retroactiva de las primas verdes. El laudo obliga, junto con el pago de los 59,6 millones al primero, a abonar otros 101 millones al segundo, pero los intereses elevan la cifra conjunta a casi 199 millones de euros.
En los tres frentes —Australia, Washington y el Ciadi— los jueces han coincidido en rechazar los argumentos de España sobre inmunidad soberana, ayudas de Estado o la imposibilidad de arbitrar disputas dentro de la UE. En todos los casos se ha confirmado que el Estado vulneró el Tratado de la Carta de la Energía y debe compensar a los inversores.