Nuevo revés para el Gobierno en el arbitraje internacional por los recortes a las energías limpias. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, ha rechazado por unanimidad la petición de España para anular el laudo que obliga al Estado a indemnizar con más de 106 millones de dólares a Eurus Energy, filial japonesa vinculada a Toyota.
El comité ad hoc consideró que el Gobierno no ha logrado acreditar ningún motivo válido para revertir la decisión, desestimando los argumentos por supuestas faltas de motivación, errores procesales o desviaciones del derecho aplicable.
El caso se remonta a febrero de 2021, cuando el Ciadi condenó a España por vulnerar el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) al modificar de forma retroactiva el marco regulatorio de las renovables. El tribunal consideró que la inversión de Eurus se realizó bajo un sistema predecible y estable que fue alterado de forma sustancial, perjudicando la rentabilidad de sus proyectos eólicos.
Eurus presentó su demanda tras las reformas del periodo 2012-2014, que incluyeron un impuesto del 7% sobre los ingresos de venta de energía, la eliminación del sistema de tarifas reguladas (FiT) y la retirada retroactiva de primas anteriores a 2013. La filial de Toyota había invertido en una quincena de parques eólicos, doce en Galicia y tres en Asturias, bajo el sistema FiT. Así, alegó ante el Ciadi expropiación indirecta, denegación de justicia y falta de trato justo y equitativo.
El tribunal le dio la razón en noviembre de 2022, fijando una indemnización de 106,2 millones de dólares más intereses desde junio de 2021 y unos 4 millones adicionales en costes legales. En total, el importe adeudado asciende ya a unos 113 millones de dólares, cerca de 97 millones de euros al cambio actual.
Con esta decisión los sucesivos gobiernos acumulan ya más de 25 derrotas ante el Ciadi por los recortes a las primas verdes. La suma total de pagos pendientes asciende a 1.492,7 millones de euros, a los que se añaden otros 385,1 millones por intereses de demora, costas procesales y otros gastos. El Gobierno inició el desbloqueo parcial de la situación el pasado mes de junio, con el pago a la también japonesa JGC Corporation.