Hafesa, la compañía que protagonizó en abril de 2019 la mayor operación del fraude del IVA con el gasóleo en la llamada Operación Drake, y que ha vuelto a ser actualidad por los audios entre su propietario, Alejandro Hamlyn, y Leire Díez, la enviada del PSOE para desprestigiar a la UCO, crece con fuerza tras años bajo investigación.
La compañía reconoce en un informe que su división de trading o compraventa de hidrocarburos, registró en 2024 un aumento de los ingresos del 400%, hasta alcanzar los 1.200 millones de euros. A falta del cierre definitivo del ejercicio, la compañía, que está acusada en la Audiencia Nacional de un fraude de 154 millones de euros, anunció ya el pasado mes de diciembre que había alcanzado una facturación el año pasado de 1.500 millones de euros, lo que suponía, en conjunto, un 60% más que en 2023. Frente al crecimiento de la división de trading, la empresa reconoce, sin embargo, que las ventas del área de retail han disminuido cerca de un 80% debido a la fuerte competencia en precios.
El crecimiento en el área del trading está alineado con su plan estratégico y, según el grupo, "es una muestra de nuestra capacidad de adaptación y nuestra estrategia centrada en maximizar oportunidades en un entorno tan dinámico como el energético". Hafesa cubre toda la cadena, desde la importación de productos a su almacenamiento, distribución y comercialización al por mayor y en gasolineras y gasocentros, abarcando todas las fases del downstream de hidrocarburos.
Después de seis años de investigación, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dictó el pasado mes de mayo el auto de apertura del juicio oral contra Hafesa como persona jurídica por los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y cuatro delitos contra la Hacienda Pública. En opinión del magistrado, había quedado acreditada la existencia de una organización constituida en torno a esta empresa del sector de hidrocarburos, dirigida por su presidente y socio único.
Operativa de blanqueo
Hamlyn, "valiéndose del apoyo del director general y a través del resto de encausados (...) ha diseñado, implementado, dirigido y ordenado, de forma opaca, tanto una operativa de fraude fiscal como de blanqueo de capitales, sirviéndose para ello de una estructura de sociedades mercantiles", se aseguraba en el auto. Entre la veintena de acusados figuran, además de Hamlyn, el exconsejero delegado de la sociedad, José Norberto Uzal, para los que la Fiscalía ha pedido penas que superan los 50 años de cárcel y multas millonarias.
Pero la investigación por el fraude del IVA no es el único problema de Hafesa. Tal y como adelantó elEconomista.es el pasado lunes, la compañía se enfrenta además a una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por los doce aplazamientos en el pago de impuestos que logró de la Agencia Foral de Vizcaya por un importe de 175 millones de euros. Todo ello pese a estar siendo investigada por el presunto fraude. En su reunión con la enviada del PSOE, Leire Díez, el dueño de la empresa pidió que le arreglaran, precisamente, una deuda tributaria de 225 millones con la Hacienda foral de Vizcaya. El empresario Hamlyn alardeó, de hecho, de que la sociedad contó, presuntamente, con la ayuda de un alto cargo para lograr beneficios fiscales, entre ellos, el aplazamiento de la deuda. Fue en el encuentro con el que una enviada del PSOE intenta recabar información para desprestigiar a la UCO.