El propietario del grupo Hafesa, Alejandro Hamlyn, pidió a la enviada del PSOE, Leíre Díez, que le arreglaran una deuda tributaria de 225 millones con la Hacienda foral de Vizcaya. La sociedad habría cometido presuntamente un fraude con el IVA de los hidrocarburos de 154 millones de euros y recibió un aplazamiento por parte de Hacienda para el pago de 225 millones de euros. El empresario Hamlyn alardeó, de hecho, de que la sociedad contó, presuntamente, con la ayuda de un alto cargo para lograr beneficios fiscales, entre ellos, el aplazamiento de la deuda. Fue en el encuentro con el que una enviada del PSOE intenta recabar información para desprestigiar a la UCO.
En la reunión entre el abogado Jacobo Teijelo, una antigua teniente de alcalde del PSOE, Leire Díez, y el empresario y supuesto colaborador de Ferraz, Javier Pérez Dolset, Hamlyn llegó a decir que quería una condonación de la deuda. "Estoy garantizando todo porque no quiero quedar mal (con la administración tributaria) porque me han ayudado [...]. Quiero que se me arregle lo de la Foral, que le debo la de dios de pasta por intereses [...]. Antes estaba Íñigo que era con quien trabajaba yo y ahora Íñigo se ha jubilado y la Hacienda quiere que le ponga ahora unos avales".
En ese encuentro, Hamlyn presumió, además, de contar entre su plantilla con un antiguo coronel de la Guardia Civil como director de seguridad: "Sabéis que Arturo Espejo, el teniente general, trabaja en mi compañía, ¿no?. Estaba en antiterrorismo y ciberseguridad. Ya no está en activo, está jubilado y ahora trabaja para mí. Me está ayudando muchísimo".
De acuerdo a fuentes consultadas por este periódico, el grupo Hafesa habría recibido hasta 2030 un aplazamiento de 225 millones de euros en el pago del IVA y del Impuesto Especial de Hidrocarburos a partir del año 2019 gracias en parte, según exponen, a la relación del propietario del grupo con un alto cargo de la Administración autonómica de Vizcaya.
Tal y como explican, el aplazamiento habría supuesto un "trato a favor" por parte de la administración presidida por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), más aún teniendo en cuenta que esta sociedad está encuadrada dentro de la 'operación Drake' -un procedimiento judicial que busca probar si la compañía incurrió o no en la evasión del pago del IVA con los hidrocarburos durante los años 2016 y 2019-. Desde el grupo niegan, sin embargo, que hayan tenido un trato distinto a otras empresas del sector. Explican, de hecho, ante la llamada de este periódico, que el aplazamiento es algo "normal", dada la cifra elevada de facturación que alcanzan y por ser una de las compañías que más impuestos paga de la provincia.
En paralelo, cabe mencionar aquí, que este pasado lunes comenzó en la Audiencia Nacional el juicio a la petrolera por el presunto fraude de 154 millones de euros, que ha tenido que ser aplazado al próximo mes de junio, entre otras cosas, porque el propietario del grupo se encuentra en Dubái, pese a que esto abre la posibilidad de que las autoridades soliciten una orden de búsqueda y captura.
