
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha escenificado hoy el frente abierto en la autonomía para reivindicar la continuidad de la instalación nuclear de Cofrentes tras recibir el informe de Cámara Valenciana sobre el impacto de mantener el plazo fijado para su desconexión en 2030. El barón popular se suma a otros CCAA del PP al exigir al Gobierno que "prolongue la vida útil de la central nuclear de Cofrentes al considerarla "primordial para el desarrollo económico y social ".
Tras el encuentro con el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, ha expresado su compromiso de abanderar "un frente común social, económico e institucional" a favor de la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares españolas, como Cofrentes y Almaraz (Extremadura), donde también el Gobierno autonómico y el empresariado rechaza la medida.
Así, Mazón ha apelado "al diálogo y el consenso" con las comunidades autónomas en lugar de una política energética" a espaldas de las autonomías porque afecta a la competitividad del conjunto de España" y lamenta el cierre planificado por "prejuicios ideológicos" de una fuente energética que se ha demostrado que es "limpia"
Por ello, ha solicitado al Ministerio de Transición Ecológica que "revise el calendario de cierre previsto, acepte una moratoria con el tiempo suficiente de antelación y abandone los prejuicios ideológicos hacia una energía sostenible por la que están apostando otros países como Reino Unido y Suecia".
Mazón también ha coincidido con la Cámara de Comercio en la necesidad de revisar la fiscalidad de Cofrentes que está siendo penalizada con impuestos específicos que distorsionan su competitividad y desincentiva su explotación económica por las operadoras.
Asimismo, ha abogado por simplificar los trámites burocráticos relacionados con el Pacto Verde Europeo, aumentar las inversiones públicas y privadas en innovación en este campo y acelerar el despliegue de energía renovable en coexistencia con la energía nuclear.
Las estimaciones
El informe de la Cámara señala que el cierre de Cofrentes implicaría un serio riesgo para la operatividad de más de 12.000 empresas industriales altamente dependientes del suministro eléctrico, que generan 184.000 empleos directos y condicionan 235.000 empleos indirectos. Sectores como la industria química, cerámica, metalúrgica, alimentaria y del plástico serían los más afectados, al asumir incrementos de costes energéticos y una pérdida de competitividad exterior, según el citado informe.
En esta línea, el estudio de la Cámara estima que la clausura de la central de Cofrentes supondría renunciar a 450 millones de euros de inversión en la próxima década, así como a importantes ingresos tributarios y al posicionamiento estratégico de la Comunitat Valenciana en materia energética, que "no nos podemos permitir", ha añadido Mazón.