La disputa generada entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia con el Gobierno central por las aportaciones de agua al Parque Natural de la Albufera ha llegado a los tribunales.
Tal y como anunciaron hace algunas semanas, el consistorio de la capital y el Ejecutivo autonómico han iniciado los trámites para denunciar al Ministerio para la Transición Ecológica por no haber enviado al lago los 20 hectómetros cúbicos de caudal extraordinario fijados en el Plan Hidrológico del Júcar. En concreto, la normativa establece que para cubrir las necesidades ambientales del lago entre los meses de octubre y mayo se necesitan 10 hectómetros cúbicos al año procedentes del sistema Júcar y otros 10 del sistema Turia, pero la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio afirma que únicamente se han registrado dos hectómetros y reclama los otros 18 que estipula el plan de cuenca, ya que el lago los necesita para "asegurar el flujo ecológico permanente que le permite mantener una conexión continua con el mar".
La Confederación Hidrográfica del Júcar, sin embargo, maneja cifras completamente diferentes y asegura que, sumando el agua derivada de los ríos y la de recursos regenerados a las acequias, la cantidad de agua enviada a la Albufera se sitúa incluso por encima de las concesiones. Según su presidente, Miguel Polo, el organismo de cuenca ha enviado un total de 50,7 de hectómetros cúbicos a través de las cuatro acequias que componen la red del parque -14,54 por la acequia de Favara, 3,5 hm3 por la del Oro, seis por la Acequia Real del Júcar y 26,17 por la de Sueca- y argumenta que el problema es que no existen conducciones directas que conecten los ríos con el lago. "Las competencias de la CHJ terminan en las tomas de los ríos con las cuatro comunidades de regantes" señala Polo, quien recuerda que el camino hasta el lago es "competencia de la Generalitat" como gestora del Parque.
Acciones para preservar la Albufera
El agua de la Albufera no es la única pelea que el Ejecutivo central y el autonómico mantienen en materia hídrica. El Gobierno de Mazón y el de Sánchez también se encuentran enfrentados por el cambio de regulación en el trasvase Tajo-Segura que pone en riesgo el regadío de la zona sur de Alicante. Estos dos conflictos se producen, además, en pleno proceso para que la Albufera sea declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco, una candidatura que cuenta con el respaldo y el compromiso de los 13 municipios ribereños del lago, a pesar de ser de distinto signo político. Se trata de un camino que se inició hace más de una década con el objetivo de preservar el futuro de la laguna y su entorno y se ha visto reforzado con la implantación de diferentes acciones destinadas a restaurar el equilibrio ambiental del Parque.
Las medidas están teniendo importantes beneficios y, según revelan las últimas investigaciones, han permitido mejorar la calidad del agua, han fomentado la proliferación de espacios donde prospera la vegetación marina y han facilitado que se incremente la presencia de aves.
Más allá, la Generalitat se ha propuesto seguir trabajando para mejorar la situación medioambiental desde otros ámbitos que influyen en el entorno natural de manera indirecta. En este sentido, la digitalización de las infraestructuras de saneamiento y depuración que se va a llevar a cabo en la Comunidad contempla monitorizar las aguas que lleguen a la Albufera para contar con un registro detallado de los aportes que se producen en época de lluvias. El desarrollo de esta tecnología será posible gracias al proyecto PERTE Shine-AMV en el que participa la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR), el Ayuntamiento de Valencia, Emimet, Emivasa y Global Omnium Inversiones.
