Madrid
El Gobierno intensifica la persecución sobre los defraudadores de biocarburantes. El Ministerio de Transición Ecológica —Miteco— ha publicado este martes una Orden en la que reduce los plazos de inspección del Sistema de información para la Certificación de Biocarburantes (SICBIOS) de anuales a trimestrales, mediante la inclusión de certificaciones provisionales cada tres meses y pagos de compensación anticipados. La herramienta revisa a los operadores al por mayor de productos petrolíferos, obligados a mezclar los combustibles fósiles habituales con los nuevos carburantes 'verdes', así como a compensar con certificados —a la sazón, con un pago económico— los incumplimientos de los objetivos de despliegue en el mercado que les marca la ley. Además, el Miteco eleva las multas a quienes incumplan sus obligaciones e, incluso, permitirá inhabilitar al infractor. Desde el sector esperan que evite que estas empresas, que actúan como sociedades fantasma que desaparecen tras defraudar, alarguen la estafa a lo largo del tiempo.
En concreto, aquellas firmas que no alcancen el 60% de sus obligaciones de incorporar biocarburante pagarán casi 2.029 euros por certificado deficitario; las que dejen esa ratio entre el 60% y el 75% desembolsarán 1.785,3 euros y aquellas por encima del 75% liquidarán ante el Estado 1.623 euros por certificado deficitario.
En el último análisis del SICBIOS el Ministerio detectó que solo 70 de los 127 sujetos obligados a participar del mecanismo estaban realizando las mezclas correctas de biocombustible con los carburantes habituales o habían abonado sus obligaciones por el incumplimiento de obligaciones. Con estos mimbres, el fraude sumó más de 581 millones de euros a lo largo de 2023, aunque el análisis se publicó muchos meses después de que las firmas realizaran el fraude, a finales de mayo de este año.
Las primeras inhabilitaciones han llegado este mes. La CNMC dio cuenta de la suspensión de Biomar Oil, al que el Gobierno reclama 200 millones de euros por carencias de certificados, como adelantó El Mundo. Fuentes del sector aplauden la mayor intensidad de las revisiones de los certificados, ya que aseguran que permitirá abordar con mayor eficacia a estas empresas con prácticas fraudulentas y, llegado el caso, sacarles del mercado.
Acelerar la inclusión de biocombustibles
El Boletín Oficial del Estado (BOE) también ha publicado este martes las iniciativas del Gobierno para acelerar la inclusión de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte. El Ejecutivo ha incrementado la ambición en el consumo de estas tecnologías en el transporte —que incluye por primera vez los sectores de la aviación y la navegación—, y ha incluido y priorizado y priorizando el biogás y el hidrógeno renovable en el cómputo para alcanzar los objetivos europeos para el transporte de 2030, en detrimento de los tradicionales combustibles fósiles.
La orden no modifica la senda de penetración de combustibles como el biodiésel o el bioetanol, pero sí introduce varias mejoras, entre ellas la trasposición de varias disposiciones europeas con anticipación a los horizontes de aplicación previstos en ellas.
La regulación europea establece que la energía renovable debe representar al menos un 29% de la demanda para transporte al final de la década. El ordenamiento jurídico español establece una senda creciente de penetración para cumplir ese objetivo, centrada hasta ahora en biodiésel y bioetanol.
Ahora, el Gobierno apuesta por potenciar las energías renovables en el transporte. De esta manera, a partir de 2025, el biogás, el hidrógeno y los combustibles renovables de origen no biológico (RFNBO, según sus siglas en inglés) podrán computar para el cálculo de cumplimiento de los objetivos, junto con el biodiésel y el bioetanol. No obstante, las que busca potenciar el Gobierno contarán doble a la hora de integrarlos en el sistema de certificados de biocarburantes.
