Energía

Hacienda pone el foco en la lucha contra el fraude del diésel

  • Se llevarán a cabo controles del Impuesto de hidrocarburos en gasolineras y distribuidores
  • Vigilará el acceso al Registro de extractores de depósito fiscal para paliar este agujero
  • La Oficina de la Fiscalía Europea colabora ya para la persecución de estos casos
María Jesús Montero, ministra de Hacienda

La Agencia Tributaria ha puesto en el foco de su Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para 2024 la lucha contra el fraude en los carburantes. El Ministerio, que encabeza María Jesús Montero, reconoce que durante 2022 y 2023 el fraude organizado en la comercialización de hidrocarburos ha sido el más activo y, por ello, ha constituido la actividad principal de control de los servicios de investigación de las Dependencias Regionales.

Para este año además, cuando ya es un clamor sectorial el agujero que se está produciendo, el departamento de Montero indica que "es previsible la continuidad de estas actividades a lo largo de 2024, empujadas por los altos precios de los combustibles".

Por este motivo, dentro de sus planes para este año, Hacienda ha incluido en su plan de acción seguir los casos investigados por las autoridades judiciales o del Ministerio Fiscal -como la reciente Operación Memorable- y se acentuará la coordinación entre los servicios de la Inspección de los Tributos y los de Vigilancia Aduanera.

Asimismo, la Agencia Tributaria continuará colaborando y apoyando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La novedosa figura de la EPPO (European Public Prosecutor Office – Oficina de la Fiscalía Europea) en España ha permitido ya abrir un cierto número de investigaciones por medio de esta modalidad de instrucción no judicial de casos.

La prevención del fraude por medio de técnicas de anticipación que permitan conocer en tiempo real los movimientos de las organizaciones criminales, para detener el fraude tan pronto comience.

En este sentido y para 2024, la completa implantación del Registro de Extractores de Depósito Fiscal, exigirá del máximo rigor de la Agencia Tributaria en orden a evitar que operadores previamente involucrados en este fraude, de forma directa o indirecta, accedan a este registro de operadores de confianza o utilicen indebidamente depósitos fiscales que no cumplan la normativa.

La colaboración entre los servicios de Aduanas, Gestión Tributaria e Inspección Financiera y Tributaria hará posible este pleno despliegue de efectos del Registro, del que se espera detenga el fraude millonario al IVA en el sector.

La entrada en vigor de este Registro se llevará a cabo a partir del próximo 28 de marzo, pero el plazo dado por la administración para su arranque ha provocado un efecto llamada desde su aprobación el pasado mes de diciembre.

Controles en la red

En el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos, se incluirán controles a todos los sujetos intervinientes en la cadena de distribución de los hidrocarburos hasta su distribución minorista. Si tales actividades implican también un fraude al IVA, se actuará de forma coordinada con otras áreas de la Agencia Tributaria. Se realizarán controles de tramas activas en el sector de hidrocarburos.

Por su parte, el sector de los hidrocarburos está solicitando al Gobierno que modifique la Ley de este impuesto en las enmiendas que tiene que presentar antes del 6 de marzo en el Congreso al Real decreto ley 8/2023 para evitar la situación actual en la que los operadores, tras haber extraído el carburante de un depósito fiscal sin pagar el IVA dejan de ingresarlo cuando realizan las posteriores operaciones de venta, tal y como les exige la norma actual.

La medida que se propone es simple, y consiste en que, antes de poder extraer carburantes del depósito, se deberá garantizar a la Administración el pago del IVA correspondiente a la venta posterior que se realizará del producto, bien prestando algún tipo de aval o bien demostrando que es un operador confiable, según su perfil de cumplimiento con la Administración. De este modo, se limitan las opciones para que los operadores fraudulentos dejen de ingresar el IVA a las arcas públicas.

Italia, que también afrontaba una situación de fraude generalizado en el sector, aplicó una medida similar desde el año 2019, con éxito reconocido tanto para la Administración como para los operadores de ese país en cuanto a la efectividad de la misma y a su facilidad de implantación. De hecho, según indican las fuentes consultadas, tal fue el éxito de esta medida que algunos de los grupos que cometían este tipo de fraudes en Italia se habrían trasladado a España.

Las medidas incorporadas por este Real Decreto -que prohiben la venta entre distribuidores al por menor- ayudan a combatir algunas prácticas fraudulentas sectoriales, pero no abordan el fraude fiscal en el IVA, para el que resultaría imprescindible disponer de instrumentos normativos específicos que traten de impedir que llegue a cometerse.

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