Energía

Las petroleras piden imponer avales en el IVA para atajar el fraude del diésel

  • Reclaman imponer avales a los distribuidores para garantizar el cobro del IVA
Un boquerel en una estación de servicio

El sector de la distribución de hidrocarburos clama por una solución urgente al problema del fraude del diésel. Fuentes del sector, consultadas por elEconomista.es, explican que el Gobierno tiene en su mano tomar una acción rápida que pueda paliar el efecto llamada que ha provocado el Real decreto ley 8/2023 y que ha llevado a que cerca del 15% del mercado (alrededor del 8% de las estaciones de servicio) estén vendiendo gasóleo 'trucho', como lo califica el sector.

El Congreso de los Diputados tiene previsto cerrar este próximo miércoles el plazo de enmiendas de este Real decreto-ley y a lo largo de las últimas semanas se han intensificado los contactos con los grupos parlamentarios y el Gobierno para tratar de impulsar una enmienda que cuenta con el respaldo prácticamente unánime del sector.

La medida consistiría en modificar la Ley de este impuesto para evitar la situación actual en la que los operadores, tras haber extraído el carburante de un depósito fiscal sin pagar el IVA dejande ingresarlo cuando realizan las posteriores operaciones de venta, tal y como les exige la norma actual.

La medida que se propone es simple, y consiste en que, antes de poder extraer carburantes del depósito, se deberá garantizar a la Administración el pago del IVA correspondiente a la venta posterior que se realizará del producto, bien prestando algún tipo de aval o bien demostrando que es un operador confiable, según su perfil de cumplimiento con la Administración. De este modo, se limitan las opciones para que los operadores fraudulentos dejen de ingresar el IVA que corresponda a las arcas públicas.

Italia, que también afrontaba una situación de fraude generalizado en el sector, aplicó una medida similar desde el año 2019, con éxito reconocido tanto para la Administración como para los operadores de ese país en cuanto a la efectividad de la misma y a su facilidad de implantación.

De hecho, según indican las fuentes consultadas, tal fue el éxito de esta medida que algunos de los grupos que cometían este tipo de fraudes en Italia se habrían trasladado a España.

Las medidas incorporadas por este Real Decreto -que prohiben la venta entre distribuidores al por menor- ayudan a combatir algunas prácticas fraudulentas sectoriales, pero no abordan el fraude fiscal en el IVA, para el que resultaría imprescindible disponer de instrumentos normativos específicos que traten de impedir que llegue a cometerse.

La Agencia Tributaria dispone de un listado de morosos en el que ya se reflejan impagos de hasta 700 millones y que puede servir para iniciar la investigación.

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