La Guardia Civil, a través del Equipo de Delincuencia Económica, y el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria han lanzado una macrooperación para hacer frente al creciente fraude del diésel en España.
Este pasado martes se inició en Andalucía y Cataluña la llamada Operación Memorable en la que se investiga a una presunta organización criminal dedicada a cometer un delito de fraude fiscal a gran escala y blanqueo de capitales, mediante la comercialización de hidrocarburos.
Durante esta investigación se han llevado a cabo múltiples registros en viviendas y en sedes sociales de empresas de diferentes provincias españolas, en las que se ha procedido a la detención de los 14 supuestos implicados.
Málaga, Marbella, Algeciras, Granada, Barcelona y Tarragona han sido algunas de las ciudades en las que se han llevado a cabo los principales registros. La trama, al parecer, se dedicaba también a blanquear capital mediante la entrada en negocios de franquicias y hoteles.
Por otro lado, el Congreso de los Diputados ha decido ampliar hasta el próximo 28 de febrero el plazo de enmiendas para el articulado del Real decreto-ley 8/2023. En dicha normativa es en la que espera el sector que el Gobierno adopte medidas para paliar el creciente fraude en el sector de los hidrocarburos.
La medida consistiría en modificar la Ley de este impuesto para evitar la situación actual en la que los operadores, tras haber extraído el carburante de un depósito fiscal sin pagar el IVA dejan de ingresarlo cuando realizan las posteriores operaciones de venta, tal y como les exige la norma actual.
La medida que se propone es simple, y consiste en que, antes de poder extraer carburantes del depósito, se deberá garantizar a la Administración el pago del IVA correspondiente a la venta posterior que se realizará del producto, bien prestando algún tipo de aval o bien demostrando que es un operador confiable, según su perfil de cumplimiento con la Administración. De este modo, se limitan las opciones para que los operadores fraudulentos dejen de ingresar el IVA que corresponda a las arcas públicas.
Las medidas incorporadas por este Real Decreto ayudan a combatir algunas prácticas fraudulentas sectoriales, pero no abordan el fraude fiscal en el IVA, para el que resultaría imprescindible disponer de instrumentos normativos específicos que traten de impedir que llegue a cometerse.
La Agencia Tributaria dispone de un listado de morosos en el que ya se reflejan impagos de hasta 700 millones y que puede servir para iniciar la investigación.
El problema afecta ya al 15% del sector
Alrededor de un millar de estaciones de servicio están vendiendo diésel por debajo de los precios de referencia. Según fuentes consultadas por este diario, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia, Cataluña, Madrid y el País Vasco concentran la mayor parte de las gasolineras que ofrecen este carburante por debajo de dicho nivel. La operación abierta por la Guardia Civil se produce en pleno ascenso del fraude en el IVA.
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