Valladolid
La última modificación de la Ley de Hidrocarburos aprobada en enero amenaza con acabar con la reducción del precio de los carburantes que pueden hacer las cooperativas para agricultores y ganaderos, un nuevo revés para un sector que estos días se manifiesta, entre otras reivindicaciones, por los altos costes de producción.
El Real Decreto 8/2023, que modificó a primeros de año la Ley 34/1998 del Sector Hidrocarburos, en concreto el artículo 43.1, prohíbe expresamente el suministro de carburantes entre distribuidores al por menor.
Tanto las cooperativas de segundo como de primer grado tienen la condición de distribuidores al por menor, aunque el papel que juega cada una es bien distinto. Hasta ahora, la práctica habitual y extendida es que las cooperativas de segundo grado negocien con los operadores el volumen de hidrocarburos agregado de todas sus cooperativas de base (de primer grado), haciendo la intermediación entre ambas facturando la compra al operador y la venta a sus cooperativas asociadas. "Nosotros no movemos ni un litro, solo papelitos. El gasóleo va del comercializador a la cooperativa de primer grado" explican fuentes del sector.
Poner fin a esa labor de intermediación supondría perder la ventaja competitiva de comprar grandes volúmenes. "No es lo mismo comprar 100.000 litros que 100 millones y el precio que va a conseguir la cooperativa de primer grado no va a ser el mismo. Eso va en detrimento de sus socios, agricultores y ganaderos, a los que el gasóleo les va a salir más caro. Y otra derivada es que si al agricultor le salen más caros sus productos los alimentos se van a encarecer".
El incremento de los costes de producción es una de las principales quejas de los miles de agricultores que durante las últimas semanas se han movilizado por la crítica situación del sector. Precisamente hoy el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con las organizaciones agrarias Asaja, Coag y Upa para buscar soluciones a sus demandas.
Con la modificación legal, la única posibilidad para que las cooperativas de segundo grado pudiesen aprovechar su poder de compra y continuar con su intermediación es que se convirtiesen en operadores comerciales, algo inviable. "Tendríamos que ser como Repsol, Cepsa o BP con requisitos como tener reservas estratégicas", añaden en los medios consultados por elEconomista.es.
En el sector cooperativo se reconoce la "preocupación" existente por la nueva normativa, que entrará en vigor el próximo 28 de marzo, por lo que han elevado una consulta a la Subdirección general de Hidrocarburos para que aclare si pueden ser excluidos de la modificación de la Ley. "Si la interpretación de la norma es que las de segundo grado hacen suministro estamos fastidiados porque se nos cae toda la operativa. Sería otro ataque más al sector. Las cooperativas de segundo grado tienen dos funciones: comercializar productos y comprar inputs acumulando volumen para lograr mejores precios", explican.
Las mismas fuentes reconocen que la modificación legal "tiene su lógica porque quieren quitar de en medio operadores piratas. No estaban pensando en nosotros porque no somos nada en el mercado pero al final podemos ser un daño colateral. En la actualidad, hay 700 cooperativas de primer grado con gasolinera prestando servicio en las zonas rurales. "Nosotros estamos donde no hay nadie más porque no les interesa al no haber ventas suficientes".
En la modificación legal, se establece que serán distribuidores al por menor de productos petrolíferos aquellas personas físicas o jurídicas que realicen, al menos, una de las siguientes actividades: el suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al efecto; el suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación; el suministro de queroseno con destino a la aviación; el suministro de combustibles a embarcaciones, cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. Esta última sería la que afectaría de lleno a las cooperativas.
