El Ministerio de Transición Ecológica quiere evitar la catástrofe que se avecina en el sector de las renovables si no se amplían los plazos para cumplir con los hitos marcados en el Real Decreto-ley 23/2020. El departamento que encabeza Teresa Ribera está manteniendo contactos discretos con las asociaciones de renovables para analizar la situación y, sobre todo, las soluciones que se pueden adoptar para llevar a cabo la instalación de energías limpias y reducir los riesgos actuales para el sector.
Según fuentes consultadas por este diario, Transición Ecológica ha trasladado a las asociaciones su intención de llevar a cabo el próximo mes de enero una profunda revisión de la situación de los proyectos. En estos momentos hay 68 GW en tramitación y, de esta cantidad, un total de 43 GW cuenta con una fase similar de desarrollo e idénticos plazos (80% fotovoltaica y 20% eólico). Todas estas plantas tienen hasta el 25 de enero para tener lista toda la documentación, ya que en caso contrario obligaría a ejecutar los avales y retirar los permisos concedidos en estos últimos años.
Posteriormente, el sector cuenta con un plazo de dos años para la construcción y es ahí donde se genera el mayor cuello de botella.
Unef, por ejemplo, dentro de las alegaciones presentadas al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) explica que el tener que concentrar la construcción de las plantas en un periodo corto reduciría las posibilidades de aprovechar este ciclo inversor por parte de la industria nacional, que sólo en el caso fotovoltaico cifran en cerca de 25.000 millones de euros.
Tensiones inflacionistas
Para la patronal fotovoltaica, "las empresas deberían afrontar un mercado de dientes de sierra nefasto para su sostenibilidad económica. Las empresas epecistas (constructoras) se verían obligadas a importar mano de obra extranjera. Se requerirían más de quinientos equipos de epecistas trabajando en paralelo, escenario que no parece factible y que generaría tensiones inflacionistas innecesarias".
Asimismo, la banca española tampoco podría hacer frente a la necesidad de financiación e, incluso, han informado al sector de los problemas para disponer de equipos técnicos suficientes para el análisis de los proyectos que se están tramitando en estos momentos.
Con este escenario, el Gobierno ha indicado que no es partidario de ampliar los hitos sin exigir algún tipo de contraprestación, ya que una decisión de este tipo solo serviría para prolongar la especulación existente y aboga por una mayor conexión entre la generación y la demanda. Es decir, la exigencia de algún avance real para poder seguir con los proyectos.
El Ministerio ha pedido a las asociaciones que pongan sobre la mesa una batería de soluciones antes de para poder evitar los cuellos de botella que se pueden producir en la construcción de estas nuevas plantas.
Según fuentes consultadas por este diario, desde la patronal fotovoltaica Unef se ha pedido una prórroga de dos años sobre los hitos actuales.
Por parte del sector eólico se siguen analizando las propuestas a plantear ya que existe un temor considerable de que la fuerte instalación de renovables incremente notablemente los vertidos (curtailments) en algunos de los nudos. De hecho, la asociación está llevando a cabo un estudio con el que pretende afinar los datos de esta situación.
Cambios en las subastas
Otro de los puntos que se está trasladando por parte del sector, en este caso al Gobierno, es la necesidad de contar con subastas que puedan evolucionar para no depender únicamente del precio.
El Ministerio de Transición Ecológica ya vio cómo su última convocatoria celebrada fracasó por el precio límite impuesto y se quedó prácticamente desierta. Una situación similar se está viviendo en el resto de países europeos ya que el aumento de los costes no logra trasladarse a estas subastas y, además, genera más problemas para el desarrollo de una industria renovable potente en Europa con la batalla comercial que se mantiene con China, tanto en paneles solares como en baterías o, últimamente, con aerogeneradores.
Europa no ha logrado un acuerdo sobre cómo reaccionar ante la amenaza y las reticencias de varios países a establecer medidas en relación con los proveedores chinos.
Ante esta situación, la Comisión Europea está lanzando un cuestionario para hacerse una idea de la situación de los diferentes países y estudiar cómo evolucionarlas al amparo de su próximo Wind Package.
Bruselas quiere, además, que la concesión de permisos también evolucione para poder conseguir una tramitación mucho más ágil para el sector.
