Alerta máxima en el sector de las renovables. España tiene en el aire cerca de 40.000 millones de euros de inversión. Alrededor de 60.000 MW de proyectos de renovables perderán sus permisos de acceso y conexión a la red eléctrica si el Gobierno no da una solución a los problemas administrativos existentes.
Según han indicado fuentes del sector eléctrico, de los 40.000 MW de energía eólica que hay ahora mismo con el punto de conexión concedido alrededor del 50% -20.000 MW- pueden perderlo entre diciembre y abril. Asimismo, en el caso de la energía fotovoltaica, de cerca de los 100.000 MW que hay concedidos, un 40% podría caducar en este mismo periodo, es decir, alrededor de 40.000 MW.
El problema surge ante la falta de recursos de la administración para poder atender la avalancha de proyectos que tiene en estos momentos sobre la mesa. Según relatan fuentes conocedoras, las comunidades autónomas y el Gobierno central no pueden contestar en plazo ni a las DIA, ni a las autorizaciones administrativas previas, ni a las autorizaciones de construcción, lo que acaba retrasando sobremanera los proyectos de renovables.
De los 140.000 MW renovables que deberían contar con la Declaración de Impacto Ambiental, unos 60.000 MW ni siquiera han iniciado aún el trámite de información pública (paso previo a obtener la DIA -el segundo hito-). De este modo, resulta muy probable que estas capacidades no puedan cumplir los plazos dados por la administración y, por lo tanto, pierdan sus puntos de conexión.
Retraso administrativo
Por ese motivo, desde el sector eléctrico se considera que estos retrasos, en muchos casos, están imposibilitando a los promotores cumplir los plazos, por lo que una extensión de los mismos sería positiva, de cara a poder llevar a cabo dichos proyectos.
"Es de vital importancia solucionar esta situación, ya que sector el industrial se ve atrapado por la incapacidad de la Administración", aseguran estas fuentes.
Pese a esta situación, desde el sector se considera también necesario que se produzca una limpieza en los puntos de acceso, ya que existen todavía muchos proyectos con carácter especulativo que están afectando al desarrollo de las inversiones.
Curiosamente, el PDeCat ha presentado una enmienda que propone extender los plazos que deben cumplir los promotores de proyectos de generación, para no perder los permisos de acceso y conexión, pero existe la posibilidad de que el Gobierno pueda vetar esta propuesta, ya que considera que no se deben ampliar de nuevo estos plazos.
De conformidad con el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, los permisos de acceso concedidos desde la entrada en vigor de la Ley del Sector Eléctrico (28 de diciembre de 2013) y antes de la entrada en vigor del real decreto-ley (25 de junio de 2020) caducarán a los cinco años (desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 23/2020) si no se obtiene la autorización administrativa de explotación definitiva (de puesta en servicio del proyecto). Adicionalmente, caducarán si se incumplen los hitos intermedios establecidos.
El PdeCat ha presentado una enmienda para reclamar al Gobierno una extensión de plazos
En el caso de nuevos permisos, otorgados desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 23/2020, los plazos se computan desde la obtención de los permisos de acceso.
Con carácter excepcional, para los permisos de acceso otorgados para proyectos de instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología hidráulica de bombeo, los plazos anteriores se podrán extender a solicitud del titular sin que en ningún caso el plazo total de vigencia de los permisos supere los siete años.
Ejecución de avales
La caducidad de los permisos de acceso y de conexión, conforme a lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1183/2020, supondrá la ejecución inmediata por el órgano competente para la emisión de las autorizaciones administrativas de las garantías económicas presentadas para la tramitación de la solicitud de acceso a la red de transporte o distribución, según aplique en cada caso.
Esta cantidad supondría en avales entre 3.000 y 4.800 millones de euros, según las estimaciones existentes en este momento. No obstante, el órgano competente podrá exceptuar la ejecución de la garantía depositada si la caducidad de los permisos de acceso y de conexión viene motivada porque un informe o resolución de una administración pública impidiese dicha construcción, y así fuera solicitado por este.
Fuentes consultadas indican que hay proyectos que están presentando trazados de líneas de forma incorrecta para poder recuperar los avales.
Las eléctricas se plantean reclamar en caso de que fuera necesario la responsabilidad patrimonial del estado en los casos en los que pueda demostrar el retraso administrativo para poder hacer frente a los gastos incurridos en los desarrollos de los parques que no puedan construirse.
