El Ministerio de Transición Ecológica prepara una vía de escape que permita mantener la mayor cantidad posible de los proyectos de renovables que están a punto de perder los permisos de acceso y conexión el próximo 25 de enero por el atasco administrativo.
España está incumpliendo los objetivos que se marcó en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y dar carpetazo a una parte importante de proyectos que llevan años de tramitación supondría un golpe en la línea de flotación de la transición energética y la pérdida de una inversión cercana a los 40.000 millones de euros.
Para evitarlo, el Ejecutivo está dispuesto a darse a sí mismo y a las comunidades autónomas un mayor plazo para acelerar la concesión de las autorizaciones a las plantas que sí han logrado presentar la documentación en tiempo y forma y que serían susceptibles de abrir una ola de demandas por daño patrimonial si acaban perdiendo los derechos al punto de acceso.
Ribera quiere poner coto a la especulación en los procesos de venta de permisos de acceso y conexión de las renovables y está dispuesta a que caduquen todos aquellos que no han sido capaces de presentar los papeles pero, a su vez, trata de evitar que se pierda todo el trabajo hecho tanto por empresas como por la administración en el resto de proyectos.
Para lograrlo, según fuentes consultadas, el Ministerio aprovechará el artículo 39.3 de la Ley de Procedimiento administrativo para facilitar de manera excepción una aprobación retroactiva.
Medida excepcional
¿Qué significa esto? Las declaraciones de impacto ambiental que se notifiquen a lo largo del mes de febrero y produzcan efectos desde el 25 de enero o antes impedirán que se declare la nulidad del permiso concedido de acceso y conexión. De este modo, las administraciones logran casi un mes más para avanzar en los expedientes pendientes tras haber otorgado ya una prórroga de un año.
El problema surgió ante la falta de recursos de la administración para atender la avalancha de proyectos que tenía sobre la mesa. Las comunidades autónomas y el Gobierno central no eran capaces de contestar en plazo ni a las DIA, ni a las autorizaciones administrativas previas, ni a las autorizaciones de construcción, lo que ha provocado un gran retraso en los proyectos de renovables que ha acabado en un menor ritmo de instalación de renovables durante 2022.
En noviembre de 2021, de los 140.000 MW renovables que deberían contar con la Declaración de Impacto Ambiental, unos 60.000 MW ni siquiera habían podido inicir el trámite de información pública (paso previo a obtener la DIA -el segundo hito-). Ante esta situación, el Gobierno decidió conceder una prórroga de un año con la intención de que se pudiera acelerar y desde entonces han trabajado para acelerar la concesión de los permisos.
La caducidad de los permisos de acceso y de conexión, conforme a lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1183/2020, supondrá la ejecución inmediata por el órgano competente para la emisión de las autorizaciones administrativas de las garantías económicas presentadas para la tramitación de la solicitud de acceso a la red de transporte o distribución, según aplique en cada caso.
Esta cantidad supondría en avales entre 3.000 y 4.800 millones de euros. No obstante, el órgano competente podrá exceptuar la ejecución de la garantía depositada si la caducidad de los permisos de acceso y de conexión viene motivada porque un informe o resolución de una administración pública impidiese dicha construcción, y así fuera solicitado por este.
Red Eléctrica tendrá ahora hasta el 25 de febrero para poder evaluar los permisos de acceso que caducan y se espera que una cantidad considerable se pueda reducir. No obstante, hay comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana o Galicia donde se mantienen importantes retrasos y se espera que puedan decaer un gran cantidad de proyectos.
En el sector existe además la preocupación por el creciente número de declaraciones de impacto ambiental negativas. Para las compañías esta tramitación siempre ha sido siempre un proceso negociado donde se podían realizar reformas y ahora consideran que se están incrementando los rechazos para acelerar los expedientes. En estos casos indican es mucho peor puesto que es más difícil revertir un rechazo de una DIA que la propia pérdida del permiso de acceso que podría resolverse posteriormente con los concursos que tendrá que convocar el Gobierno.
En el caso de nuevos permisos, otorgados desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 23/2020, los plazos se computan desde la obtención de los permisos de acceso. Con carácter excepcional, para los permisos de acceso otorgados para proyectos de instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología hidráulica de bombeo, los plazos anteriores se podrán extender a solicitud del titular sin que en ningún caso el plazo total de vigencia de los permisos supere los siete años.
