El Gobierno acelera y salva 15.000 millones de inversión en renovables

El Gobierno ha pisado el acelerador para el desarrollo de las energías renovables en España. A lo largo de los últimos cuatro meses, el departamento que dirige Teresa Ribera ha llevado a cabo la tramitación de las declaraciones de impacto ambiental de más de 14.800 MW, lo que supone salvar más de 15.000 millones de inversión en España.

El Ejecutivo asegura que ha completado así todos los permisos que tenía pendientes antes del próximo 25 de febrero en el que Red Eléctrica procederá a retirar las autorizaciones a aquellos promotores que no cuenten con todos los papeles en regla.

Según el Ministerio, se han tramitado un total de 192 expedientes de los que 170 han sido favorables (más de 100 en los últimos cuatro meses), 22 han sido negativos, 8 se han archivado y 1 ha sido desestimado por el propio promotor.

En apenas un cuatrimestre, de octubre de 2022 a enero de 2023, el departamento de Ribera ha batido prácticamente un récord del número de autorizaciones publicadas tanto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), así como las comunidades autónomas en sus respectivos boletines, pero aún así los problemas persisten en algunas regiones como Cataluña o la Comunidad Valenciana.

Galicia, por su parte, otra de las comunidades que llevaba un importante retraso ha sacado adelante 120 de los 140 permisos que tenía. Concretamente, 77 han sido favorables y otros 43 han sido rechazados, lo que supone el mayor problema para los promotores que tendrán que volver a tramitar desde el principio pero podrán recuperar sus avales.

El Ejecutivo, al igual que los gobiernos autonómicos, pretendían evitar las posibles demandas por daños que pudieran producirse por parte de las empresas si, finalmente, Red Eléctrica decide ejecutar las garantías presentadas y han acelerado los permisos. Algunas autonomías, como es el caso de Andalucía, han creado incluso unidades específicas para afrontar esta situación o han llegado a contratar a consultores externos para poder acelerar la tramitación.

Hoy concluye el plazo legal con el que contaban las empresa para tramitar las autorizaciones pertinentes y poder mantener los permisos de acceso a la red.

A finales de 2021, alrededor de 60.000 MW de proyectos de renovables estaban en riesgo de perder sus permisos de acceso a la red eléctrica si el Gobierno no les otorgaba una solución a los problemas administrativos existentes.

En aquel momento, de los cerca de 40.000 MW de energía eólica que había con el punto de conexión concedido alrededor del 50% -20.000 MW- estaban en riesgo de perderlo entre diciembre y abril. Asimismo, en el caso de la energía fotovoltaica, de cerca de los 100.000 MW que había concedidos, un 40% podría caducar en este mismo periodo, es decir, alrededor de 40.000 MW.

De este modo, de los 140.000 MW renovables que deberían contar con la Declaración de Impacto Ambiental, unos 60.000 MW ni siquiera habían iniciado entonces el trámite de información pública (paso previo a obtener la DIA -el segundo hito-). De conformidad con el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, los permisos de acceso concedidos desde la entrada en vigor de la Ley del Sector Eléctrico (28 de diciembre de 2013) y antes de la entrada en vigor del real decreto-ley (25 de junio de 2020) caducaban a los cinco años (desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 23/2020) si no se obtienía la autorización administrativa de explotación definitiva (de puesta en servicio del proyecto).

Ante esta situación, el Gobierno decidió conceder una prórroga que suponía otorgar nueve meses más para llevar a cabo la tramitación de estos proyectos.

Transcurridos estos plazos -el primer hito se produjo el pasado mes de septiembre- y el segundo y de mayor envergadura se produce hoy, el Gobierno estaba decidido a dejar sin permisos a los promotores y ejecutarles los avales.

La intención del Gobierno era limpiar la capacidad de acceso para evitar la especulación existente en estos puntos de suministro que llegaron incluso a pagarse por encima de los 200.000 euros/MWh.

El problema surgió por la falta de recursos de la administración para poder atender la avalancha de proyectos que tenía sobre la mesa. Según relatan fuentes conocedoras, las comunidades autónomas y el Gobierno central no podían contestar en plazo ni a las DIA, ni a las autorizaciones administrativas previas, ni a las autorizaciones de construcción, lo que acaba retrasando sobremanera los proyectos de renovables.

Según los datos aportados por las asociaciones sectoriales UNEF y AEE, el pasado mes de diciembre quedaban pendientes de tramitación proyectos que sumaban alrededor de 80.000 megavatios (60.000 de solar fotovoltaica y 19.000 eólicos) pero que ahora quedarán ya prácticamente resueltos.

En cualquier caso, el Gobierno se ha dado de margen un mes más para poder terminar de tramitar estos permisos.

El Ejecutivo está dispuesto a dar a las comunidades autónomas un mayor plazo para acelerar la concesión de las autorizaciones a las plantas que sí han logrado presentar la documentación en tiempo y forma y que serían susceptibles de abrir una ola de demandas por daño patrimonial si acaban perdiendo los derechos al punto de acceso.

Para lograrlo, según fuentes consultadas, el Ministerio aprovechará el artículo 39.3 de la Ley de Procedimiento administrativo para facilitar de manera excepcional una aprobación retroactiva.

¿Qué significa esto? Las declaraciones de impacto ambiental que se notifiquen a lo largo del mes de febrero y produzcan efectos desde el 25 de enero o antes impedirán que se declare la nulidad del permiso concedido de acceso y conexión. De este modo, las administraciones autonómicas logran casi un mes más para avanzar en los expedientes pendientes.

Red Eléctrica tendrá ahora hasta el 25 de febrero para poder evaluar los permisos de acceso que caducan y se espera que una cantidad considerable se pueda reducir y dejar capacidad libre para las futuras subastas de los puntos de acceso y conexión.

Capital Energy lidera

Según los datos publicados a lo largo de estos últimos cuatro meses en el Boletín Oficial del Estado, Capital Energy es la compañía que más permisos ha obtenido en los últimos cuatro meses, con un total de 11. Así, la renovable ha logrado desbloquear un total de 1.026 megavatios.

Por detrás le sigue la energética presidida por Sánchez Galán, con un total de nueve proyectos desbloqueados. Aunque la cantidad de instalaciones es menor que la de su competidor, Iberdrola ha sido la que más megavatios ha logrado desbloquear con un total de 1.878,79 MW repartidos en parques fotovoltaicos y de hibridación.

Endesa tampoco se queda atrás y cierra el 'top 3' con un total de siete proyectos renovables desbloqueados, lo que equivale a una potencia total de 1.145 MW de energía solar fotovoltaica.

Forestalia y Elawan empatan en el cuarto puesto con un total de cuatro proyectos desbloqueados cada una. En el caso de la primera, ha conseguido sacar adelante 1.214,75 MW repartidos en proyectos de energía eólica, fotovoltaica y de hibridación. En el caso de la segunda, Elawan ha logrado desbloquear un total de 342 megavatios.

El acelerón de las autorizaciones permitirá que España pueda mantener un amplio catálogo de proyectos renovables para su próxima construcción. Nuestro país está incumpliendo en este momento los objetivos que se marcó en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y dar carpetazo a una parte importante de proyectos que llevan años de tramitación supondría un golpe en la línea de flotación de la transición energética y la pérdida de una enorme cantidad de inversión.

Transición Ecológica tendrá que presentar el próximo 15 de marzo a la Comisión Europea el resultado del primer examen del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y posteriormente la revisión del mismo en la que se pretende ampliar los objetivos de instalación.

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