Dos operarios se adentran a pie en el barrio La Plata, en Sevilla. Casitas de dos o tres plantas, algún negocio en los bajos, casi nadie en calles estrechas por donde pasa justo un coche. Llevan una escalera y ningún distintivo que los identifique como empleados de Endesa o alguna de sus contratas. La furgoneta, sin rotular, la han dejado en las inmediaciones.. Un vehículo pasa muy despacio. La tercera vez ya en pocos minutos. Huele a marihuana no muy lejos de un colegio. Al fin se detienen frente a una casa y destapan el cajetín. El inmueble no tiene luz teóricamente, pero los aparatos medidores revelan que dentro sí hay consumo eléctrico. Han puenteado el cajetín y se han enganchado a la red. En el inmueble contiguo varios hombres trajinan en lo que parece un taller. En la fachada hay un aire acondicionado en marcha. Los operarios descubren un cable extraño en el cajetín, lo anulan y el taller queda a oscuras. El ventilador del aire acondicionado se detiene poco a poco. Es el día a día no sólo en La Plata, sino en barrios como el Polígono Sur, Torreblanca o Palmete, que vienen sufriendo en los últimos años apagones y problemas de suministro constante. La segunda quincena de junio y el mes de julio son las épocas del año de más demanda eléctrica. Los primeros calores del verano van a poner a prueba si los nueve transformadores instalados en los últimos meses por Endesa, con una inversión de nueve millones de euros, son suficientes para abastecer a sus clientes que pagan religiosamente la factura en estos barrios, a pesar de los enganches ilegales domésticos y, sobre todo, los de las instalaciones industriales para cultivar marihuana.
"El problema no es el fraude doméstico. Siempre ha existido y no ha dado problemas de sobrecarga en la red. Los problemas comenzaron cuando llegó el cultivo de marihuana", aseguran técnicos de Endesa con años de experiencia en lucha contra el fraude.
En la ciudad de Sevilla hay una red de 3.200 centros de transformación para abastecer a los hogares y polígonos industriales. Los problemas de sobrecarga se venían concentrando en los dos últimos años en sólo 39, donde se registran el 57% de las incidencias de toda la ciudad. En esas zonas es donde se ha reforzado la red con nuevos centros de transformación.
Datos técnicos
Eso a pesar de que en Endesa insisten en que las sobrecargas "no tienen justificación ni explicación técnica". Según los cálculos técnicos antes de entrar en funcionamiento los nuevos transformadores, aunque en esas zonas todos los clientes de la compañía tuviesen todos los dispositivos eléctricos de sus hogares encendidos a máxima potencia las 24 horas al día, la red tiene capacidad para asumir casi el doble (1,8 veces) de lo llegarían a demandar. O para suministrar al doble de clientes.
De partida se asume que hay una situación de fraude masivo. Los 39 transformadores que se sobrecargaban habitualmente cubren un total de 15.503 suministros o potenciales clientes, de los que sólo el 57% tiene contrato en vigor. Es decir: más de un tercio de los inmuebles está enganchado ilegalmente. Y aún así, insisten en la compañía, habría potencia de sobra para todos. Si se habla de consumos domésticos, claro.
Pero el consumo real en las zonas calientes no supera en un 30 ó 40% el consumo 'legal' que registra Endesa, sino que triplica de largo (lo multiplica por 3,54) lo que miden los contadores de las viviendas con contrato. La única explicación es que hay un uso intensivo, no doméstico, de la energía. Son las plantaciones.
Protestas
Ante las protestas de los vecinos, que sufren continuos apagones, Endesa ha instalado en el último año nueve transformadores de refuerzo en la red sevillana. Ocho están en las zonas calientes. En La Plata, por ejemplo, hay tres nuevos centros en un radio de menos de 500 metros. Y a muy poca distancia, separados apenas por la circunvalación SE-30, hay otros dos. Es decir, que se ha aumentado potencia como para suministrar a más de 3.000 nuevas viviendas. Pero en esos barrios no hay promociones inmobiliarias recientes. Todo lo más, arreglos en algunos inmuebles unifamiliares.
El último de los nuevos transformadores en La Plata entró en funcionamiento en el mes de febrero. De momento, no hay apagones, indican en Endesa, y sólo se han registrado en el barrio incidencias puntuales en una zona muy concreta, donde es más potente el cultivo de marihuana. Allí los operarios sólo entran con escolta policial. En el resto de las zonas reforzadas no hay problemas. De momento.
Los vecinos que pagan sus facturas han acudido a la Fiscalía por su hubiera ilícitos penales en los cortes
Sin embargo, la presión vecinal sigue centrada en Endesa. Una veintena de vecinos del Polígono Sur de Sevilla presentó el pasado miércoles un escrito en la Fiscalía para que tome conocimiento de los "graves problemas" que están sufriendo a raíz de los "continuos" cortes en el suministro eléctrico por "si pudiesen ser constitutivos de un ilícito". Estas interrupciones duran "varias horas diarias e incluso días completos" y causan "perjuicios económicos, sociales y de seguridad para los residentes de la zona".
Los vecinos critican la "falta de inversión y mantenimiento en la red de distribución de Endesa", que ha llevado a una situación "alarmante" en este enclave de la capital, tal como señalaba en un comunicado la plataforma Nosotros También Somos Sevilla.
La compañía siempre ha argumentado que invierte en esas zonas. La inversión por cliente en esos puntos es de 133 euros al año, cuando en barrios donde no sufren enganches es de 24.
Más energía para la 'maría'
¿Acabarán los nuevos centros de transformación con el problema de sobrecarga en esas zonas calientes? Puede. O puede que no. Se verá en los próximos meses. En el Polígono Sur (zona de las 3.000 viviendas, uno de los barrios más pobres de España, Murillo, Las Letanías), se invirtió en 2021 en el incremento de la potencia de 6 centros de transformación que pasaron de 1.000 KVA de potencia a 2.000 KVA cada uno de ellos. Es decir, que se duplicó la potencia que entraba a la zona. En menos de un año ya había otra vez sobrecargas, incendios de transformadores y fusibles fundidos continuamente. La industria de la marihuana había absorbido la ampliación con más plantaciones. Ahora se ha instalado allí un nuevo centro de transformación.
Hay indicios poco alentadores: hace pocos meses, cuando los técnicos de Endesa daban los últimos retoques a uno de los nuevos centros instalados en el último año, descargaban en esa misma calle un camión con toneladas de mantillo. En una zona donde las viviendas no disponen de jardines, hay pocas dudas del destino de esa tierra de cultivo.
El negocio de la hierba
Una plantación en un piso de unos 80 metros, consume lo mismo que 80 viviendas. Y hay edificios enteros o tramos de determinadas calles dedicadas por completo a este negocio. Endesa ha detectado zonas residenciales con consumos similares a polígonos industriales. Bloques que demandan la misma electricidad que un hospital. Si hace unos años era un problema en el Polígono Sur, los jugosos beneficios que proporciona han hecho que vaya expandiéndose a otras zonas
Con la tecnología adecuada alimentada por tomas ilegales a la red eléctrica, las plantaciones dan tres cosechas al año, y cada cosecha puede dejar unos 30.000 euros. En barrios con tasas de paro superiores al 40%, atrae a muchos. Endesa estima que el robo de electricidad para plantaciones se ha multiplicado por cuatro en el último lustro.
La industria demanda mano de obra no cualificada para cuidar las plantas, labores de vigilancia o apoyo logístico, pero también técnicos especializados para las instalaciones eléctricas. En las entradas y registros contra el tráfico de drogas, las fuerzas de seguridad han encontrado trabajos muy profesionales en las instalaciones. "Las plantaciones son cada vez más sofisticadas, demandando potencias compatibles con un uso del suministro de naturaleza industrial, lo que evidencia la enorme carga eléctrica que soporta la red de distribución, que está diseñada y autorizada administrativamente para abastecer viviendas, no polígonos industriales", indican en Endesa.
Riesgo de muerte
Pero la mayoría de las instalaciones se hacen "con materiales no adecuados y sin cumplir ningún tipo de norma de seguridad. Las viviendas que se encuentran enganchadas ilegalmente carecen de los sistemas de protección básicos y las redes de protección de Endesa son boicoteadas, eliminando así la seguridad para las personas y el entorno", dicen en la compañía.
Se han detectado no ya manipulaciones en el cableado que está en la vía pública o en los contadores, sino en los centros de transformación, con corriente a 15.000 o 20.000 voltios, con riesgo de electrocución evidente.
Las plantaciones y el fraude eléctrico no sólo provocan apagones y cortes de suministro para muchos usuarios. Además, aumentan la factura de los consumidores legales en 150 millones de euros anuales, según estima la CNMC.
Poca pena
A pesar del perjuicio al interés general y a los riesgos para la seguridad de las personas y de las viviendas, el Código Penal español no es muy severo con el delito de defraudación de fluido eléctrico. Las penas contempladas en el artículo 255 son de multa de tres a doce meses, y si la cuantía de lo defraudado no excede los 400 euros, de uno a tres meses. Si no es posible conocer la cifra defraudada, la ley establece que la cantidad a facturar corresponderá al 100 % de la potencia eléctrica contratada durante seis horas al día en el último año.
En Alemania, las penas van de uno a cinco años de cárcel. En Italia, de seis meses a tres años de prisión. En Francia se asimila la defraudación de energía eléctrica al robo con una pena privativa de libertad de tres años y una multa de 45.000 euros.
Mafias
Los efectos de las plantaciones en el suministro eléctrico de zonas urbanas es quedarse en la punta de iceberg. El problema es más complejo y tiene muchas implicaciones más. El fenómeno se está dando en barrios con serios problemas de marginalidad y exclusión social no sólo de Sevilla, sino de prácticamente todas las ciudades andaluzas. Y antes que en ningún sitio y con mayor intensidad que en el resto, en Granada. Junto a Barcelona, la huerta de Europa. Allí, directamente, las plantaciones de marihuana en pisos son un problema de seguridad pública.
La última memoria de la Fiscalía indicaba que en la Zona Norte de la capital granadina hasta 16 clanes familiares explotan industrialmente la marihuana, "ejerciendo intimidación sobre los vecinos". Con las ganancias, los clanes habían reforzado su control sobre el territorio, donde la Policía sólo entra con fuertes dispositivos, imponiendo su ley. Con un factor añadido: una feroz competencia por el mercado entre organizaciones que no suelen recurrir a tribunales de arbitraje para resolver sus diferencias, con el resultado de 17 homicidios y un desaparecido en la última década.
