En marzo de 2021 el Gobierno aprobó la versión final del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que persigue una reducción de un 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.
Para lograrlo, este plan contempla que dentro de siete años España cuente con una capacidad instalada total en el sector eléctrico de 161 GW de los que 50 GW serán energía eólica; 39 GW solar fotovoltaica; 27 GW ciclos combinados de gas3; 16 GW hidráulica; 9,5 GW bombeo; 7 GW solar termoeléctrica; y 3 GW nuclear, así como capacidades menores de otras tecnologías. En los últimos dos años el ritmo de instalación no ha sido el que se esperaba lo que pone en duda que finalmente las metas marcadas en este plan para 2030 se puedan conseguir.
Actualmente el PNIEC se encuentra en revisión y, como tarde, el 30 de junio se conocerá el nuevo plan, del que se espera que recoja objetivos todavía más ambiciosos. Ante este escenario, el sector renovable hace una advertencia: si no hay certidumbre regulatoria, difícilmente se podrán lograr los objetivos marcados.
"Es razonable pensar que se pueden conseguir los objetivos, pero hay una serie de dificultades que resolver. Hay que asegurarse, por ejemplo, de que podemos originar proyectos nuevos. Hay capacidad, pero no están claros los mecanismos de adjudicación", señaló Raúl Rodríguez Asco, Chief Officer Res Strategy and Business Development de Engie.
En esta línea, Rodrigo Álvarez, director de Desarrollo de Negocio de Statkraft, coincidió en que para aquellos proyectos que puedan venir a partir de 2026 "hay una falta de definición: cómo se van a adjudicar, cómo se van a conseguir permisos de acceso... No hay una previsión de cómo se va a hacer".
En este contexto, Beatriz Mato Otero, directora de Desarrollo Corporativo y sostenibilidad en Greenalia, indicó que "si analizamos si vamos por el buen camino, vemos que no estamos cumpliendo esa senda tan ambiciosa que se ha marcado España. El sector ha padecido un acelerón en apenas unos meses que ha evidenciado que falta planificación", a lo que añadió: "Cuando la administración quiere, puede".
Por su parte, Yago Mancebo Ferreiro, Head of Europe Renewables de TotalEnergies, recalcó que "a corto plazo, el problema fundamental es la fecha de julio de 2025 para poner en marcha todos los gigavatios. No se he hecho nunca un esfuerzo así".
Los proyectos renovables que recibieron la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable en enero enero deberán conseguir la autorización administrativa previa antes del 25 de abril y la autorización administrativa de construcción antes del 25 de julio. Todo debe estar en marcha antes de 2025. La potencia de los proyectos evaluados en los últimos meses que han obtenido la declaración de impacto ambiental asciende a casi 40 GW.
Como apuntó Raúl Rodríguez, "los inversores vamos a tener que tomar decisiones de inversión antes de contar con permisos, asumiendo un gran riesgo. Va a suponer un gran esfuerzo y hay que aprovecharlo para que en el futuro contemos en Europa con capacidad industrial".
"Felicito el esfuerzo de la Administración respecto a la declaración de impacto ambiental, pero la falta de planificación va a tensionar la cadena de suministro. Vamos a acudir todos a la vez al mercado para intentar cumplir nuestros proyectos", añadió Beatriz Mato.
A este respecto, Alejandro Puerta, Director of the Development Department de China Three Gorges Europe quiso hacer hincapié en que "la proximidad a la hora de operar y mantener los activos del tecnólogo es un alto valor añadido. Sin embargo, casa mal, por ejemplo en España, con tener que desarrollar 50 GW en dos años".
Obviamente, el acelerón que ha vivido España en materia de energía renovables en los últimos años ha provocado que se haya multiplicado exponencialmente el número de proyectos de renovables a tramitar. Sin embargo, no se han incrementado los medios disponibles para su tramitación, generando importantes retrasos en los tiempos de tramitación y, paradójicamente, en el ritmo de la potencia renovable que entra en servicio cada año.
Para intentar solventar esta situación, el Gobierno ha creado la División de Proyectos de Energía Eléctrica, que define como "una unidad administrativa específica, con personal funcionario, dependiente de la Secretaría de Estado de Energía, que permita acelerar la tramitación de proyectos renovables".
En este sentido, Alejandro Puerta recalcó la necesidad de "incentivar la inversión. Tenemos que dar certidumbre a los inversores y facilitar la inversión privada porque va a ser fundamental para que el actual PNIEC y el que venga se desarrolle. Debería haber más flexibilidad y rapidez en los trámites administrativos".
Según la versión actual del PNIEC, se necesitarían unos 240.000 millones de euros de inversión entre 2021 y 2030 de los que más de 91.000 millones serían para energías renovables.
En este punto, Javier Medrano, socio de Deloitte, señaló uno de los principales retos que tienen las compañías: "En un contexto complejo con una alta volatilidad de los precios, elevados costes de financiación y del entorno regulatorio, será relevante balancear el portfolio de la cartera de los proyectos entre el ready to bulilt, la operación y la construcción, y el desarrollo, junto con las oportunidades que puedan surgir en el mercado. De esta manera, podremos diversificar los riesgos al mismo tiempo que nos adaptamos al entorno actual".
Otro de los retos que afronta el sector es la falta de mano de obra cualificada. Como recordó Rodrigo Álvarez, "es un mercado como mucha demanda y es difícil la atracción y retención del talento. Esto tiene una repercusión en el precio y plazo de ejecución de los proyectos. Es un sector de futuro en cuanto a la formación y el empleo de calidad, pero está siendo un reto".
Para Javier Medrano, "es importante tener en cuenta que la transición energética va a multiplicar por dos la necesidad de talento en el sector energético y por seis las personas necesarias en los nuevos sectores, incorporando de esta manera, una cantidad equivalente a los empleos actuales y adaptando las capacidades de la fuerza de trabajo".
Más presión para Europa
En agosto del año pasado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés), dotada con más de 400.000 millones de dólares de gasto público. Este proyecto de ley busca reducir los gases de efecto invernadero en un 40%, respecto a los niveles de 2005, a través de medidas fiscales así como vinculadas a la energía y la acción climática.
"La normativa estadounidense, en sí misma, es positiva, ya que el objetivo es reducir las emisiones globales. Europa va por el buen camino, ya que quiere dar flexibilidad tanto a los consumidores como a los productores, pero debe maximizar la competitividad de las empresas y que sea eficiente. Para ello son necesarios los incentivos fiscales", expuso Yago Mancebo.
En su caso, Beatriz Mato quiso ejemplificar la diferencia entre ambos mercados de la siguiente manera: "Estados Unidos funciona como una empresa y Europa como una administración. Actualmente el Gobierno de Biden ya está dando créditos fiscales a los productores de energía. Por lo tanto, nadie se podrá sorprender si los inversores buscan hacer sus desarrollos, por ejemplo en nuevas tecnologías como el hidrógeno, en Estados Unidos antes que en Europa". Por ello, Raúl Rodríguez insistió en que "la reacción de Europa debe ser invertir en industria y en seguridad de suministro".
Indudablemente, este nuevo escenario tiene un impacto muy importante en Europa. De hecho, la Comisión Europea aprobó la semana pasada un nuevo Marco Temporal de Crisis y Transición para acelerar la inversión y la financiación destinada a la producción de tecnologías limpias en Europa hasta finales de 2025.
De este modo, los países de la Unión Europea pueden dotar de ayudas a las empresas para evitar la fuga al otro lado del Atlántico. Se aplicará a "casos excepcionales" en los que haya "un riesgo real de que las inversiones se desvíen fuera de Europa", según ha aclarado el Ejecutivo comunitario. Por tanto, los Estados miembro pueden dotar de apoyo a las empresas por una cantidad parecida a la que recibirían por una inversión similar en una ubicación alternativa.
En opinión de Javier Medrano, "Estados Unidos ha optado por un modelo directo para promover la transición energética. En este sentido, la característica más significativa de la IRA es apoyar directamente a la producción e inversión de tecnologías limpias con una certidumbre a largo plazo, de forma que atraiga a los inversores dándoles seguridad".
