Portugal ha anunciado los nuevos procedimientos de concesión de permisos SIMPLEX para fomentar el rápido despliegue de la energía limpia en el país. Así lo comunicó el primer ministro luso Antonio Costa, en un acto en las plantas solares Alcochete I y II, de Iberdrola, en Setúbal (Lisboa). La incorporación de estas tramitaciones para agilizar y modernizar la administración pretende acelerar la respuesta al reto que supone la crisis climática y energética en Europa y de esta manera no depender de terceros.
Ante este anuncio, Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, quiso destacar la estabilidad de las perspectivas regulatorias en Portugal y el enfoque dinámico de los procesos de concesión de permisos como los factores clave para la apuesta de Iberdrola por aumentar sus operaciones en el país. "En respuesta a su regulación clara y estable, Iberdrola quiere dar un paso más en su compromiso con Portugal y sus ciudadanos", añadió el principal ejecutivo de la compañía. La energética ya comunicó en el mes de julio inversiones de hasta 3.000 millones en territorio luso.
Congestión
El 25 de enero de 2023 es una fecha temida para las compañías inversoras en renovables y es que si una planta fotovoltaica o eólica, que ya cuenta con la autorización administrativa, no ha logrado antes la declaración de impacto ambiental favorable (DIA), sus permisos quedarán suspendidos de manera automática. Estos serían aquellos proyectos de generación que hubieran obtenido el permiso de acceso en fecha posterior al 27 de diciembre de 2013 y antes del 25 de junio de 2020, fecha de entrada en vigor de la norma.
Si no hay una solución para entonces, se producirá un gran atasco en este sector tan estratégico, e incluso como ya han apuntado gigantes del mercado, movimientos a cualquier otro mercado con cualquier bandazo regulatorio -que ya se están viendo-, y que para nada beneficiaría al Gobierno de España. Las cifras que manejan desde el sector es que cerca de 100 gigavatios (GW) se encuentran en esta situación. Una cifra similar a la capacidad total instalada que pronosticó el Gobierno con eólica y fotovoltaica en el final de su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
El sector de las renovables estima que esta potencia parada tiene un valor de mercado que ronda los 3.000 millones de euros. Los dueños de las autorizaciones ya habrían depositado fianzas de cerca de 40.000 euros por cada megavatio de potencia autorizada.
