Portugal acaba de iniciar la tramitación del proyecto de ley que regula la tasa extraordinaria y temporal para los sectores de la energía y la distribución de alimentos.
La medida, que pretende convertirse en una contribución temporal para hacer frente a los beneficios excesivos derivados del incremento de los precios de la energía, se impondrá -a diferencia que en España- únicamente a las compañías de petróleo y gas, lo que en la práctica puede afectar al negocio de Repsol y Cepsa en este país.
Asimismo, fuera de lo previsto en el Reglamento comunitario, Portugal incluye también al sector de la distribución alimentaria, ya que se propone crear una contribución temporal para que los posibles excedentes de beneficios se canalicen para apoyar a la población más necesitada reforzando los instrumentos contra el hambre, con el objetivo de lograr un alto nivel de protección, así como para apoyar a las empresas comerciales más afectadas por el aumento de los costes y la inflación para que sean más resistentes.
La medida se produce tras el reglamento europeo aprobado a principios de octubre, que determina que este impuesto extraordinario y temporal debe ascender al menos al 33% sobre los beneficios de las empresas con actividades en los sectores del petróleo, gas natural, carbón y refino que, en 2022, hayan registrado beneficios superiores en un 20% superiores a la media de los generados en los cuatro años anteriores.
Rebaja de estimaciones
En el caso español, ayer se dieron a conocer las primeras estimaciones de los cambios producidos en el impuesto tras el debate de enmiendas en el Congreso de los Diputados. Según las estimaciones de Bankinter y Sabadell, el impacto del impuesto se reduce a la mitad con las cambios introducidos pero a las eléctricas y petroleras les sigue pareciendo insuficiente.
Por el momento, se da un paso para evitar que la tarifa regulada sea más deficitaria ya que con la redacción prevista anteriormente prácticamente la mitad del margen medio anual (alrededor de 15 euros) desparecía.
El Congreso también ha eliminado los ingresos de las renovables, que tienen una rentabilidad garantizada, y hubiese supuesto automáticamente una avalancha de demandas, así como la retribución a la distribución por el mismo motivo. En cualquier caso, las empresas eléctricas consideran que deberían estar exentas de esta "contribución solidaria", ya que el reglamento aprobado por la Comisión Europea en octubre les dejaba fuera de esta medida.
Con su propuesta inicial, el objetivo del Gobierno era obtener 4.000 millones de euros en dos años (2.000 millones/año). Los analistas de Bankinter consideran que con las nuevas modificaciones el sector eléctrico se ve más beneficiado que las petroleras y gasistas. Endesa pasaría de un impacto inicial de 800 millones a 400 millones. En el caso de Iberdrola, Bankinter señala que la reducción podría ser similar, aunque su impacto en la capitalización bursátil sería menor.
Sabadell cifra el impacto en Acciona Energía de 50 millones de euros y para Naturgy de 170 millones. Repsol y Cepsa son las empresas que sufrirán un mayor impacto por la medida.
