Valencia
Nuevo toque de atención de la patronal valenciano al Gobierno de coalición de izquierdas que preside Ximo Puig y especialmente a sus socios de Compromís, por el bloqueo en la tramitación de nuevas centrales de energías fotovoltaicas en plena crisis energética y tras meses anunciado cambios para agilizar los trámites.
La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha pedido poner fin al atasco burocrático que está retrasando el tránsito hacia las renovables en esta Comunidad y exige "una actuación más responsable por parte de los partidos políticos que, al tiempo que exigen que las empresas y los territorios sean más sostenibles, ponen límites a las renovables".
La patronal denuncia "el bloqueo para producir electricidad a partir de fuentes renovables por parte de algunas Consellerias, que actúan en clave electoral". Una velada alusión a los departamentos en manos de Compromís, que se ha mostrado públicamente en contra de centrales que ocupen grandes espacios. Para la empresas se impide no sólo frenar el deterioro medioambiental, sino rebajar la factura energética, lo que favorecería la moderación de la inflación.
Sesgo político
"El sesgo político en ciertas áreas de la Administración contra los proyectos de renovables no puede cercenar la necesaria transformación energética", critican desde la patronal. "Es un asunto que trasciende el área de la energía y afecta al modelo económico", ha asegurado el presidente de la CEV.
La CEV recuerda que la Comunitat Valenciana incrementó su potencia instalada en energías renovables a lo largo de 2021 tan sólo en 43MW, y, en lo que llevamos de 2022, en 6MW, cifras que contrastan con las de otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha y Extremadura, que han visto crecer su potencia instalada en renovables en más de 2.000MW, o Aragón y Andalucía, en más de 1.000MW.
Es urgente desbloquear la situación actual y para hacerlo la CEV propone varias medidas como acortar los plazos establecidos para el otorgamiento de los permisos por parte de la Administración, y garantizar su cumplimiento, aplicando siempre que sea posible el silencio positivo. También permitir la realización simultánea de los distintos trámites necesarios y dotar a la Administración de los medios de personal necesarios que permitan el cumplimiento efectivo de los plazos que se establezcan, o incluso valorar la posibilidad de subcontratar parte de los procesos.
Otra alternativa que propone es simplificar los trámites utilizando en los casos en los que sea posible la figura de la Declaración Responsable (como mínimo, en licencias de obras y actividad) y homogeneizar los procesos entre las distintas Administraciones que participan en determinadas autorizaciones (estatal, autonómica, municipal y organismos afectados).
