Bruselas
Desde el minuto uno de juego el plan de la Comisión Europea para ahorrar gas causó polémica en gran parte de las capitales europeas, sobre todo de la periferia, pues se interpretó como una estrategia hecha a medida para salvar Alemania. Bruselas propuso una cuota voluntaria de ahorro general del 15% del consumo de gas en todos los países de la UE que podría convertirse en obligatoria en caso de emergencia. Sin embargo, estos últimos días, los gobiernos han suavizado el texto con varias excepciones que a la práctica adaptan el objetivo de recorte a cada situación nacional y, además, buscan quedarse con el control para activar la alerta que convertiría los umbrales en obligatorios.
Los diplomáticos han estado discutiendo la propuesta este lunes en Bruselas, previamente a la reunión de los ministros de Energía que tendrá lugar el martes y durante la cual la Comisión Europea esperaba conseguir el acuerdo para poner ya en marcha el plan que fijaba la reducción del 15% del consumo de gas para todos desde este agosto hasta la primavera. Pero fueron varios los gobiernos que alzaron la voz en contra de este traje de talla única. Por eso, la presidencia Checa de la UE ha introducido varias excepciones a tener en cuenta que a la práctica permiten adaptar los objetivos a cada situación nacional, una complicada tarea que busca conseguir consenso para mandar un mensaje a Rusia, aunque fuentes diplomáticas confesaban que es casi "misión imposible" acontentar a todos.
Por ejemplo, los niveles de almacenamiento de gas, las interconexiones o la capacidad de un país de enviar gas al resto del bloque europeo. Esto es justamente lo que pedía España, que fue uno de los primeros estados miembros en manifestarse públicamente en contra. El gobierno español quiere que se tenga en cuenta sus posibilidades de convertirse en un hub exportador de gas para reducir su cuota del 15% al 10%, según fuentes diplomáticas. En el mismo frente de oposición que España se mostraron Italia, Hungría, Grecia, Polonia, Portugal o Chipre.
Además hay otras excepciones sobre la mesa como por ejemplo que se excluyan las industrias química o del acero y que islas como Malta o Irlanda queden absolutamente exentas de estas normas teniendo en cuenta que no están conectadas a la red de gas europea.
¿Quién pulsa el botón de alerta?
Otro de los grandes cambios que pretenden introducir las capitales europeas es su poder de decisión en el momento clave: cuándo se decreta o no la alerta que convierte los objetivos de recorte de consumo en obligatorios. La propuesta de la Comisión pasaba porque fuera el mismo ejecutivo comunitario quién tuviera la capacidad de hacerlo en base al artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la UE o porque tres estados miembros lo reclamaban. Ahora en cambio, los gobiernos exigen que este botón de alerta solo pueda pulsarse si son cinco los estados que lo exigen y con el posterior visto bueno de una mayoría cualificada entre los Veintisiete. Así pues, las capitales exigen el control de decretar la situación de emergencia en Europa.
Aunque según fuentes diplomáticas hay bastante consenso en estos dos aspectos, quedan todavía cuestiones abiertas en discusión como los criterios geográficos y de interconexiones para aplicar excepciones. Sin embargo, el objetivo es llegar sí o sí a un acuerdo este martes. "No hay plan B", confesaba una fuente europea este lunes.
