Energía

Italia y cuatro países más buscan aplazar el fin del motor de combustión en la UE

  • Piden aplazar hasta 2040 el fin de la venta de automóviles con motor de combustión

Italia, Bulgaria, Portugal, Rumanía y Eslovaquia abogan por un aplazamiento del calendario del fin de los motores de combustión para evitar "costes desproporcionados e innecesarios tanto para el sector del automóvil como para los consumidores".

El texto, que será presentado este viernes a los embajadores de los países miembros del bloque, propone imponer una reducción del 90% de las emisiones para las ventas de nuevos coches individuales en 2035, antes de alcanzar emisión cero en 2040.

"Conseguir una movilidad con cero emisiones requerirá superar obstáculos: aumentar la infraestructura de carga, desarrollar la producción de baterías, mejorar las tecnologías actuales de forma rentable, introducir incentivos para los consumidores", enumera el documento.

Señala también que llevará tiempo para que el ecosistema industrial, con su densa red de subcontratistas y pymes, se adapte a los nuevos componentes y tecnologías.

Plan climático

Como parte del ambicioso plan climático que tiene Europa, la Comisión Europea había propuesto en 2021 reducir a cero las emisiones de CO2 de los automóviles nuevos en la UE a partir de 2035, lo que representaría de hecho el fin de las ventas de vehículos a gasolina o diésel en favor de motores 100% eléctricos.

El Parlamento Europeo respaldó este objetivo para 2035 a principios de junio, y los estados miembros buscarán negociar una posición común en una reunión de ministros europeos de medio ambiente prevista para el martes en Luxemburgo.

El próximo día 28 el Consejo Europeo decidirá si la propuesta de la Comisión Europea del Reglamento de estándares de emisiones de CO2 de vehículos ligeros (turismos y furgonetas), incluida en el paquete legislativo Fit For 55, sale adelante.

Las asociaciones vinculadas al transporte y la movilidad han advertido de que, si se prohíbe el motor de combustión, las clases medias y bajas verían mermado su derecho a la movilidad asequible y se obstaculizaría la movilidad y el abastecimiento energético y de mercancías en la España rural y vaciada. 

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