El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto mediante el que crea un sistema de garantías de origen para los gases renovables, como el hidrógeno renovable, el biogás o el biometano, que permitirá a los comercializadores y consumidores diferenciarlos del gas de origen fósil.
Según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica, la norma incorpora también al ordenamiento jurídico interno los criterios de sostenibilidad y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de la normativa comunitaria para la biomasa sólida y el biogás, los biocarburantes y los biolíquidos para transporte, usos eléctricos, calefacción y refrigeración.
El real decreto traspone parcialmente la Directiva 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, en lo relativo a los criterios de sostenibilidad y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la bioenergía y a las garantías de origen del gas procedente de fuentes renovables.
De este modo, con las nuevas garantías de origen para los gases renovables, y que son similares a las ya existentes para la electricidad producida con renovables, cada megavatio hora de gas 100% renovable dará lugar a la emisión de una garantía de origen con información sobre dónde, cuándo y cómo se produjo el gas.
Además, este real decreto creará un censo de instalaciones de producción de gas procedente de fuentes renovables y un comité de productores.
Garantías de origen
Las garantías de origen certificarán el volumen de gas y su calidad, puesto que se diferenciará entre hidrógeno obtenido con energía renovable, biometano, biogás y otros gases, y abarcará cualquier gas renovable producido y consumido, ya sea "in situ", autoconsumido, e inyectado o no a la red de gasoductos.
La energía procedente de combustibles que incumplan los requisitos no podrá computarse para los objetivos de renovables ni recibir ayuda financiera.
Para que los agentes puedan certificar la sostenibilidad de la biomasa recogida en España, la norma se remite, en la medida de lo posible, a la regulación vigente, tanto estatal como autonómica, y a los permisos y autorizaciones establecidos, al objeto de evitar cargas innecesarias.
