El Consejo ha adoptado hoy un Reglamento revisado sobre las redes transeuropeas de energía que supone impedir la financiación de inversiones en nuevas infraestructuras de gas y petróleo en la Unión Europea. La medida se aprueba en plena crisis con Rusia y a las puertas del visto bueno al proyecto Repower EU que pretende reducir la dependencia europea del gas ruso.
La nueva normativa, indican, pretende modernizar, descarbonizar e interconectar las infraestructuras energéticas transfronterizas de los Estados miembros para ayudar a la UE a alcanzar sus objetivos de neutralidad climática para 2050.
La adopción se produce tras un acuerdo provisional alcanzado con el Parlamento Europeo en diciembre de 2021 y es el último paso dentro del procedimiento de adopción.
Entre otras cosas, las nuevas normas pondrán fin a las ayudas a los nuevos proyectos de gas natural y petróleo e introducirán criterios de sostenibilidad obligatorios para todos los proyectos. Simplificarán y acelerarán los procedimientos de concesión de permisos y autorizaciones. Esta medida, por ejemplo, supone que para incrementar la interconexión entre España y Francia, el futuro gasoducto que se construya debería estar preparado para operar con hidrógeno siempre que aspire a recibir financiación comunitaria.
Las normas revisadas hacen hincapié en el papel de la energía procedente de fuentes renovables en relación con todos los activos, incluidas las redes de gas inteligentes. Crearán una posibilidad de cooperación no vinculante en el ámbito de la planificación de la red en alta mar.
La Comisión Europea presentó su propuesta sobre una RTE-E revisada el 15 de diciembre de 2020. La revisión del Reglamento RTE-E identifica 11 corredores prioritarios y 3 áreas temáticas prioritarias para desarrollar e interconectar. Actualiza las categorías de infraestructuras subvencionables haciendo hincapié en la descarbonización y añade un nuevo enfoque en las redes eléctricas en alta mar, la infraestructura del hidrógeno y las redes inteligentes.
Esto se llevará a cabo principalmente a través de proyectos de interés común (PCI) que son elegibles para la financiación del Mecanismo "Conectar Europa" para 2021-2027. La lista de PCI es adoptada por la Comisión en forma de reglamento delegado, sobre la base de una evaluación realizada por los llamados Grupos Regionales. Los PCI se benefician de una serie de ventajas, pero no hay garantía de financiación de la UE para los proyectos de la lista de PCI.
El Consejo llegó a una orientación general sobre las RTE-E el 11 de junio de 2021. La Presidencia del Consejo y los negociadores del Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo político provisional en las negociaciones a tres bandas el 15 de diciembre de 2021. El Parlamento Europeo adoptó entonces su posición en primera lectura sobre el Reglamento el 5 de abril de 2022. El nuevo reglamento se publicará ahora en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor.
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