El Gobierno ha iniciado el procedimiento de información pública sobre la propuesta de Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos tras casi doce años de retraso. La propuesta mantiene la opción de puesta en marcha de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para el combustible gastado y los residuos de alta actividad -que debería estar funcionando desde el año 2017- pero ahora abre la puerta a la instalación de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en los emplazamientos de las centrales nucleares.
A diferencia de los ATI, los ATD contarán con una instalación complementaria para operaciones de mantenimiento de los contenedores en los que se almacena el combustible gastado.
Con esta medida, el Gobierno deja prácticamente en vía muerta la construcción del ATC previsto para Villar de Cañas, así como su vivero de empresas, ya que por el plazo de desmantelación previsto de las centrales nucleares apenas quedaría tiempo para su puesta en funcionamiento en el tiempo necesario en una nueva ubicación, según indican fuentes consultadas por este diario.
Enresa, además, está licitando un gran contrato de 218 millones para incrementar la capacidad de almacenamiento de residuos de las principales plantas nucleares que acaba de ser paralizado por el Tribunal Central Administrativo por la sospecha de irregularidades en el procedimiento de tramitación del mismo, como indicó este diario este pasado sábado. La decisión del Gobierno supone en la práctica dejar en vía muerte todo el trabajo realizado hace más de diez años.
Un estudio detallado
El Consejo de Ministros aprobó el 30 de diciembre de 2011 un Acuerdo por el que designaba a la candidatura de Villar de Cañas, en la provincia de Cuenca, para que albergase el ATC y su complementario centro tecnológico. Esta decisión se adoptó tras analizar en profundidad el informe sobre las candidaturas elaborado por la Comisión Interministerial creada para la selección del emplazamiento.
El 29 de diciembre de 2009 se abrió el plazo para la presentación de candidaturas, hubo catorce municipios que optaron a ello, pero sólo se admitieron ocho y otros cinco fueron excluidos por errores de forma o presentación fuera de plazo. Después se procedió al análisis del término municipal de los candidatos definitivos y, tras este trámite, se comunicó a los afectados las zonas no aptas para albergar esta instalación.
A continuación, se abrió el trámite de alegaciones e información pública del procedimiento para que todos los interesados pudieran exponer su posición ante cada una de las candidaturas existentes.
Finalmente, la Comisión Interministerial estudió los terrenos propuestos y elaboró el informe de propuesta que fue analizado por el Consejo de Ministros para designar el emplazamiento del ATC.
La instalación de un ATC fue considerada en su día la mejor opción según la opinión mayoritaria de los componentes de la Mesa de Diálogo sobre la evolución de la energía nuclear, celebrada entre noviembre de 2005 y mayo de 2006.
El 14 de diciembre de 2004 la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados aprobó también por unanimidad una resolución que instaba al Gobierno a desarrollar, con la colaboración de Enresa, los criterios para construir dicho Almacén Temporal Centralizado.
El 27 de julio de 2006, la práctica totalidad de grupos parlamentarios aprobó en la Comisión de Industria del Congreso una Proposición no de Ley para el establecimiento de la Comisión Interministerial para establecer los criterios que debía cumplir el emplazamiento del ATC.
El proyecto consiste en la construcción de un Almacén Temporal Centralizado para el almacenamiento en seco, durante un período de sesenta años, del combustible gastado y residuos vitrificados de alta actividad, y un centro tecnológico que facilitará las actividades necesarias para el asentamiento de empresas. Asimismo, como apoyo a estas dos instalaciones el proyecto preveía contar con un vivero de empresas de unas cinco hectáreas.
La previsión de inversión total era de unos 700 millones. Para la construcción de las instalaciones se estimaba un promedio diario de unos trescientos trabajadores durante los cinco años de la primera etapa, con algún pico de hasta quinientos trabajadores.
73 millones invertidos
Enresa ha invertido 73 millones en el proyecto del ATC en Villar de Cañas desde 2012, en adecuar los terrenos previstos, en reforzar las carreteras de la zona o en estudios de consultoría, que podrían quedar ahora en saco roto puesto que se produjeron problemas por la falta de un análisis geológico previo de los terrenos elegidos y los estudios posteriores, tanto del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) como de la consultora especializada URS, indicaron que no son adecuados.
El Gobierno paralizó en 2019 los planes de construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad en Villar de Cañas (Cuenca) y desde entonces no ha dado ni un solo paso para buscar una ubicación alternativa para el mismo o retomar algunas de las candidaturas existentes.
Hasta que este almacén esté en marcha, o a partir de ahora sus alternativas, el combustible se deposita en almacenes temporales individualizados que se están construyendo en las centrales y que suponen cerca de 50 millones de inversión. La decisión de cierre de las centrales supondrá que prácticamente las siete instalaciones deban contar con un ATI.
