La Confederación Española de Estaciones de Servicio (CEES) ha advertido al Gobierno que si no atiende las peticiones del sector la inseguridad jurídica hará inviable seguir vendiendo carburante a apenas unos días de que se inicien las vacaciones de Semana Santa. | Editorial: El coste de improvisar con los carburantes.
La principal organización de estaciones de servicio, que cuenta con más de 4.000 puntos de venta, analizará este miércoles si adopta medidas legales contra la decisión del Ejecutivo. CEES asegura que la forma en la que la Administración está gestionando la ejecución del RD-L 6/2022 está generando una situación de caos y desconcierto en un segmento de actividad económica fundamental para la economía. Por eso, exige a la Administración el cumplimiento de una serie de condicionantes que considera básicos.
Las estaciones de servicio necesitan, en concreto, que la Administración confirme por escrito cuál va a ser el tratamiento fiscal y contable de la reducción de 20 céntimos por litro que se está aplicando desde el pasado 1 de abril por litro de carburante.
La redacción de la norma, indican, es tan deficiente que admite interpretaciones y por eso reclaman una aclaración para evitar que los empresarios de estaciones de servicio puedan incurrir en un fraude. "Si de lo que se trata es de una bonificación al precio, es decir, una subvención, necesitamos que así nos lo confirmen por escrito, con una mención expresa a las implicaciones tributarias que esta circunstancia tendrá para nuestros clientes que solicitan factura", explican en CEEES.
Interlocutor válido
La patronal reclama además un interlocutor válido por parte de la Administración que pueda tomar decisiones ejecutivas, al tiempo que asegura que la interlocución ha sido excelente, pero poco o nada operativa.
La patronal explica, además, que sigue habiendo problemas a la hora de solicitar los anticipos pese a estar al día de todas sus obligaciones y por ello creen que es urgente que el Ministerio de Transición Ecológica habilite una línea telefónica de asistencia 24 horas al día los 7 días a la semana en la que se atiendan caso a caso estas incidencias y se ofrezca solución a las pymes del sector.
Las estaciones de servicio reclaman una guía práctica de aplicación que les ayude a realizar las liquidaciones, de manera que se eviten errores que posteriormente desemboquen en una denegación de la liquidación.
Hasta el momento cada estación de servicio está adelantando, de media, más de mil euros para cumplir con esta medida, pero a la hora de hacer las liquidaciones se estarán jugando un promedio de entre 30.000 y 40.000 euros por instalación. Adicionalmente, el propio RD-L 6/2022 estipula que "transcurrido el plazo de un mes, contados desde el fin del plazo para la presentación de la solicitud de devolución, sin haberse efectuado la devolución, la solicitud podrá entenderse desestimada". La patronal entiende que esta redacción sitúa en una situación de indefensión a las estaciones de servicio, que no tendrán capacidad de saber si la Administración les reintegrará los descuentos que vienen aplicando.
"Solicitamos a los Gobiernos autonómicos que sigan el ejemplo de la Generalitat de la Comunidad Valenciana y habiliten una línea extraordinaria de créditos al 0% de interés"
Esta medida, adoptada unilateralmente por la Administración, está haciendo incurrir a las estaciones de servicio en unos gastos extraordinarios que vienen a sumarse al quebranto económico que significa tener que adelantar los 20 céntimos por litro vendido. Las estaciones de servicio necesitan liquidez de forma inmediata y aseguran que "puesto que la Administración Central del Estado no hace sino asfixiarnos con la muy deficiente aplicación de esta medida, solicitamos a los Gobiernos autonómicos que sigan el ejemplo de la Generalitat de la Comunidad Valenciana y habiliten una línea extraordinaria de créditos al 0% de interés de los que puedan beneficiarse las empresas de un sector que genera 50.000 empleos en toda España y garantiza la movilidad de empresas y particulares".
Las pymes del sector necesitan ayudas directas para cada estación de servicio que contribuyan a costear los costes extraordinarios en los que están incurriendo para cumplir esta medida (informáticos, de asesoría legal, fiscal y contable, administrativos, etc).
En caso de que la Administración no atienda a las peticiones, la CEEES asegura que se ve en la obligación de comunicar a sus asociados que el modo en el que se está implementando esta medida les hace operar con una insoportable inseguridad jurídica y dice que si venden carburante será bajo su responsabilidad. "Si nos arrincona dejándonos vender a pérdidas nos dejarán pocas salidas", indica la asociación.
