El Consejo de Ministros ha adoptado hoy una batería de medidas para hacer frente a los nuevos máximos de los precios de la electricidad. Para ello, el departamento de Teresa Ribera ha decidido -junto con Hacienda- mantener en vigor una parte de las reducciones fiscales sobre la electricidad que se adoptaron en junio y en septiembre.
Para ello, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Real Decreto-ley, que estará vigente durante los cuatro primeros meses del año en el que dejará el Impuesto sobre el Valor añadido (IVA) al 10% en la factura eléctrica de los consumidores con hasta 10 kW de potencia contratada, siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista del mes anterior sea superior a 45 €/MWh.
El Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) seguirá hasta el 30 de abril en el 0,5%, el mínimo autorizado por la normativa europea. Y el Impuesto que grava con un 7% el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), por su parte, al devengarse trimestralmente permanecerá suspendido hasta el 31 de marzo.
Todas estas reducciones fiscales permitirán ahorros de unos 2.000 millones de euros a 27,7 millones de hogares, autónomos y empresas, puesto que el 72,5% de los suministros de empresas y negocios también se benefician de la rebaja del 10% del IVA.
El Gobierno, no obstante, elevará los cargos a partir de enero, tal y como confirmó la propia vicepresidenta Ribera. La intención del Ejecutivo es trasladar la reducción del 92% que se ha aplicado en el último trimestre a todo el año y, por lo tanto, la reducción quedará minorada desde enero, cuando se esperan los niveles más elevados de precios.
El Consejo de Ministros mantendrá también los descuentos aplicados sobre el bono social para contener el impacto de los elevados precios mayoristas sobre los consumidores –especialmente los vulnerables– y sobre la recuperación económica.
El Ejecutivo ha decidido mantener hasta que concluya el mes de abril los descuentos extraordinarios del bono social del 60% para los consumidores vulnerables –normalmente es un 25%– y del 70% para los vulnerables severos, habitualmente en el 40%. Además, se les aplicará el 10% de IVA con independencia del precio del mercado mayorista.
Además, el Ejecutivo ha aprobado medidas adicionales para incentivar la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos y que las empresas industriales hagan autoconsumo compartido.
Concretamente, el RDL incluye medidas de fomento de la movilidad eléctrica, entre las que destacan las fiscales para nuevas infraestructuras de recarga: los ayuntamientos podrán aplicar bonificaciones hasta el 50% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), hasta el 50% en la Cuota Municipal en locales afectos a actividad económica y hasta el 90% del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Los edificios no residenciales privados y los parkings no adscritos a edificios tendrán que instalar puntos de recarga cuando tengan más de 20 plazas de aparcamiento antes del 1 de enero de 2023, de un modo proporcional al número de plazas. Con carácter general, dispondrán de una estación de recarga por cada 40 plazas o fracción, hasta 1.000 plazas –en el caso de la Administración General del Estado, serán 20 plazas hasta 500 plazas– y una estación más por cada 100 plazas o fracción.
Para agilizar la implantación de una red de recarga solvente –el objetivo es de disponer de 100.000 puntos en 2023– la instalación de los puntos de recarga queda eximida de la obtención previa de las licencias de obras, de funcionamiento o de actividad, de carácter medioambiental o similares; bastará una simple declaración responsable del titular.
Igualmente, se facilita la implantación de puntos de recarga en los terrenos circundantes a las carreteras del Estado, con vistas a su instalación masiva en las estaciones de servicio. Y se incorpora al ordenamiento jurídico un régimen sancionador para las distribuidoras de electricidad en casos de incumplimiento de plazos a la hora de facilitar información sobre las condiciones técnico-económicas de la instalación de puntos.
