Iberdrola, a través de las sociedades Necec Transmission LLC y Avangrid Networks, ha presentado una demanda en el Tribunal Superior de Maine con la intención de impugnar la iniciativa ciudadana votada esta pasada semana para tratar de paralizar el proyecto de interconexión con Canadá que está llevando a cabo la compañía española.
En el referéndum planteado la Pregunta 1 propone cambiar retroactivamente la ley de Maine para bloquear el proyecto Necec destinado a la importación de energía hidroeléctrica de Quebec a la región de Nueva Inglaterra.
En opinión de la compañía, la iniciativa es inconstitucional y viola tanto la ley estatal y la ley federal. Sin embargo, aseguran en un comunicado que las empresas de combustibles fósiles han hecho todo lo posible incluso engañar a los habitantes de Main, para tratar de bloquear este proyecto de energía limpia.
La demanda presentada ante el juzgado describe cómo la Pregunta 1 viola una serie de principios legales de los derechos de propiedad, la separación de poderes y las cláusulas de contratos de las Constituciones de Maine y de los EEUU.
Según la compañía española, un principio jurídico consagrado en la ley de Maine, los derechos adquiridos, protege al propietario que ha invertido en un proyecto. Si un propietario ha seguido las normas para obtener todos los permisos necesarios y comienza la construcción de un proyecto, las normas no pueden modificarse con carácter retroactivo para bloquear dicho proyecto. Este sería el caso de Necec que comenzó la construcción del proyecto de transmisión tras recibir todas las autorizaciones reglamentarias y lleva ya destinados del orden de 449 millones de dólares, casi la mitad del coste.
La Pregunta 1 también violaría los principios de separación de poderes de poderes consagrados en la Constitución de Maine al intentar revertir decisiones de los poderes ejecutivo y judicial a través de una acción legislativa. Este es el mismo principio que el Tribunal Judicial Supremo de Maine judicial de Maine invocó en 2020 cuando rechazó una primera iniciativa ciudadana presentada por los opositores al proyecto.
Finalmente, al intentar cancelar un contrato de arrendamiento de 25 años entre Necec y el estado de Maine, la iniciativa viola las cláusulas contractuales de la Constitución de Maine y de la Constitución de los Estados Unidos destinadas a proteger los contratos de la intrusión del gobierno.
