El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, acaba de remitir su primer escrito al Juzgado de Instrucción número 6 en calidad de investigado en el que carga contra la intención del magistrado de declarar el sobreseimiento de la querella presentada por Iberdrola contra su ex controller, José Antonio del Olmo, por un presunto robo de facturas y falsificación de documento.
La representación judicial de Galán indica que en el Auto dictado por el Instructor en el que se acuerda la declaración judicial de Galán se apoya en el contenido de unos documentos elaborados por Del Olmo y ratificados por éste en sede judicial. En los mismos, su autor atribuye a éste -sobre la base de presuntas conversaciones mantenidas con otro investigado, el ex jefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, la orden, o cuanto menos, el conocimiento, de las actividades irregulares que describe.
Por ese motivo, el presidente de Iberdrola indica, a través de su abogado, que tiene voluntad decidida de colaborar con la Administración de Justicia. Consciente de su total ajenidad a los hechos que aquí se investigan, puesto que alberga el deseo de que éstos se esclarezcan por completo, lo que incluye, por supuesto, la aclaración de todo cuanto rodeó la confección y depósito notarial del documento redactado por el Del Olmo de 1 de diciembre de 2004, así como del elaborado por el mismo señor el 20 de diciembre de 2004.
Por ese motivo, indica el radio de acción incriminador, inherente a estos papeles cuya falsedad ha sido formalmente denunciada impone constatar su pureza y va más allá ya que asegura que se trata de dejar claro, singularmente a los poderes públicos y a los agentes de la autoridad, que está prohibido hacer trampas.
Si está en discusión la posible falsedad de un documento que ha servido de base para la atribución de la condición de investigado a diversas personas parece razonable que lo primero sea aclarar precisamente la validez o falsedad de dichos documentos.
Para el abogado de Galán, no se puede archivar una querella admitida sin practicar al menos una diligencia necesaria para esclarecer el caso.
Del Olmo era, en diciembre de 2004, el responsable del control de funciones corporativas. Su principal cometido era velar por que las facturas presentadas al pago fuesen regulares y correctas y que, en su tramitación, se hubiesen observado los procedimientos establecidos en el seno de la empresa. Pues bien, dicho directivo, indica en el escrito al juez, firma sin reparo todas las facturas que supone irregulares (sin su validación, nunca podrían haber sido pagadas) y, lejos de formalizar una denuncia ante las autoridades competentes -o, como poco, una denuncia a través de los canales corporativos expresamente previstos al efecto-, elabora un documento aparentemente oficial -con membrete de Iberdrola- que deposita en una Notaría. Y allí habrían permanecido sus sospechas, sine die, si no hubiese sido por la incoación del presente procedimiento.
El letrado recuerda además que la versión de Del Olmo -que tanto el fiscal como el juez han considerado verosímiles, no ha sido ratificadas por nadie. Ni Asenjo, ni Insunza, ni Rebollo, ni San Pedro han avalado esta versión y , es más, el último niega hacer recibido el documento que supuestamente Del Olmo le dirigió.
Ante esta situación, la representación legal del presidente de Iberdrola indica que interesa aclarar que Del Olmo no es testigo en el presente procedimiento. Es un coinvestigado que aporta un pretendido testimonio de referencia.
El abogado de Galán llama la atención también sobre el proceso para llevar al Notario dichos papeles ya que suponen un desplazamiento de Del Olmo de Bilbao a Madrid.
En la diligencia que extiende el notario Luis Ramallo, sólo hay referencia a los depositantes y al sobre, y dice desconocer el contenido. Marcos Peña, uno de los intervinientes, tenía enemistad con Galán, según declara el propio Del Olmo, y "estaba continuamente buscando información por esos años para ver si involucraba a Galán en alguna cosa sucia".
La legislación vigente en el año 2004, igual que en la actualidad, imponía al Notario la obligación de llevar a efecto un control de legalidad, tanto formal como material, en el otorgamiento del acta de depósito referida, lo que implica la necesidad de que el mismo conozca el contenido del documento depositado, debiendo denegar en el caso de que el depósito pretendiera constituirse en garantía de un acto o contrato contrario a las ley.
Para la representación de Galán, la sustracción de estas facturas debería haber llamado la atención de Luis Ramallo y recuerda además que Del Olmo está siendo investigado en un procedimiento seguido en un Juzgado de Instrucción de Madrid por apropiación ilegal y revelación de documentación contable de Iberdrola, distinta de la pieza 17 del caso Tandem.
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